Saña

Saña

Lo que hubo frente a Andrés Felipe Arias fue saña; una saña arropada de legalidad.

15 de julio 2019 , 07:00 p.m.

Los 17 años de condena contra el exministro Andrés Felipe Arias no son un error en la tasación de la pena ni una exageración de buena fe que pudiera ajustarse con una segunda instancia si hubiera existido en aquel entonces tal posibilidad para los aforados. Lo de Arias es la utilización más baja de las herramientas jurídicas existentes en nuestro ordenamiento para saldar con saña una pelea entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, representado por Uribe en su momento.

Ninguna otra conclusión cabe si se comparan circunstancias mucho más graves que las que se le endilgan a Arias y recibieron un tratamiento penal más benévolo de la misma justicia.

A los capos de Foncolpuertos –uno de los peores escándalos de desfalco en las finanzas estatales que se recuerde– les impusieron penas que iban de los 4 a los 12 años. A Iván Moreno, el cerebro del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, lo condenaron a 14 años. A Armando Moncaleano –castigado por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros como gerente del Inurbe– le tocó una condena de 16 años, y eso que en su caso, el robo de subsidios de vivienda se calculaba en unos 43.000 millones de pesos, mientras que en el expediente del exministro Arias quedó probado que no se perdió un solo peso ni se lo acusó de haberse robado nada. Ni qué decir de Emilio Tapias, cuya plata, hurtada a diestra y siniestra, aún no ha sido del todo recuperada y a quien le impusieron una sanción igual a la de Arias, de 17 años. ¿Si eso no es saña, entonces qué es?

¿Cómo convencerse de que hay una correcta aplicación de justicia en este caso y no sospechar que lo que hay es una revancha política?

Pero el encono no para ahí. Impuesta su condena y luego de una batalla perdida en busca de un asilo político que nunca llegó, la justicia colombiana tuvo la oportunidad de rectificar, y a los honorables magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema les pareció improcedente concederle al exministro la posibilidad de revisar su caso en una segunda instancia. Los conceptos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en otras sentencias habían sido considerados vinculantes para el Estado colombiano y de inmediato y obligatorio cumplimiento, en este caso les parecieron apenas recomendaciones o sugerencias que “lamentablemente” no pudieron (o no quisieron) implementar.

Se olvidaron, los ilustres magistrados, de la esencia del principio de favorabilidad a la hora de interpretar la norma que consagra la doble instancia para aforados en Colombia y le tiraron la papa caliente al Congreso a sabiendas de que, en el mejor de los casos, un acto legislativo como el que se necesitaría para que el caso de Arias sea revisado durará por lo menos un año y medio en aprobarse, en medio de otras prioridades legislativas que seguramente lo enredarán por el camino.

Solo falta, para completar la saña, que los meses de detención que estuvo en Estados Unidos no le fueran descontados y que apenas se restaran del total de su condena los dos años largos que alcanzó a estar bajo detención preventiva en Colombia.

¿Cómo no pensar que en el caso de Arias, la justicia se quitó la venda de los ojos, lo miró fijamente y lo condenó por ser quien era y por representar lo que representaba para la política colombiana? ¿Cómo entender que la justicia sea tan garantista para unos y tan llena de inquina para otros? ¿Cómo convencerse de que hay una correcta aplicación de justicia en este caso y no sospechar que lo que hay es una revancha política? Difícilmente, lo que ha pasado puede catalogarse como una simple injusticia. Lo que hubo frente a Andrés Felipe Arias fue saña; una saña arropada de legalidad y, lo peor, celebrada por muchos que se alegran de que la justicia llore solo por un ojo; el ojo que más les conviene.

@JoseMAcevedo

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