‘Resetear’ el proceso de Uribe

‘Resetear’ el proceso de Uribe

No se trata de salvarlo, sino de investigarlo. La justicia a cualquier precio deja de ser justicia.

14 de septiembre 2020 , 09:25 p. m.

La audiencia de mañana miércoles, para definir si el expresidente Álvaro Uribe sigue detenido, debería durar más bien poco y terminar con el exmandatario puesto en libertad. Y no lo digo porque crea que él sea “el gran colombiano” o el “presidente eterno” o el “salvador de la patria” y que, por tanto, goce de una inmunidad perpetua.
Lo afirmo porque no existe un solo argumento, en justicia, para mantenerlo privado de la libertad en esta etapa procesal. Lo digo porque, si su proceso se rige por las normas del derecho, no existe una medida de aseguramiento vigente en su contra, pues con el cambio de ley procesal –de la 600 a la 906–, tras su renuncia como senador, hemos vuelto a una etapa inicial de la investigación en la que no hay una imputación ni una orden de captura frente a Uribe. Como lo dijo Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia: “El proceso contra Álvaro Uribe debe comenzar de ceros”.

Ni el acto legislativo que dio vida al sistema penal acusatorio ni la ley de procedimiento que lo desarrolló tienen establecidos parámetros de homologación cuando se da el cambio de ley y cuando el juez natural varía en virtud de la presencia o no de un fuero especial, como ha ocurrido en este caso. En ese sentido, tal vacío y la aplicación del concepto de favorabilidad deberían llevar a la conclusión de que lo único que procede es el ‘reseteo’ del proceso contra Uribe, la reanudación de las actividades investigativas y la valoración libre y autónoma de las pruebas recaudadas, además de la orden de practicar otras más, si así lo decide el fiscal designado para estudiar el expediente.

Pero además, de ser lo correcto en términos estrictamente jurídicos, ‘resetear’ el proceso de Uribe debe servir para darles garantías no solo al procesado o a las alegadas víctimas, sino al país entero que demanda publicidad y transparencia en uno de los casos más sensibles que se recuerden en materia judicial.

Y uno de los puntos críticos en toda esta discusión es el de las interceptaciones hechas al expresidente. Además de que en ninguna de ellas hay evidencia de una orden directa de manipulación de testigos o fraude procesal, su obtención debe ser examinada con todo rigor. No hay que olvidar que el agente del CTI que debió realizar las escuchas dijo que desde el principio les informó a sus superiores que el chuzado no era el congresista Nilton Córdoba, como se pretendía, sino Álvaro Uribe, y que, sin embargo, siguieron interceptándolo. No solamente cabe un repudio de esas pruebas, sino que además la Fiscalía debería abrir investigaciones formales contra quien ejecutó la chuzada y el magistrado auxiliar que, aparentemente, miró para otro lado de manera muy conveniente y siguió oyendo a Uribe sin que mediara una autorización expresa para hacerlo.

El Fiscal General y el fiscal asignado para el caso cuentan con un espaldarazo importante de la Corte Suprema, que negó cualquier recusación en su contra, para que obren con total independencia y dispongan lo que tengan que hacer con la Constitución y los códigos en la mano. No se trata de salvar a Uribe, sino de investigarlo y juzgarlo en pleno derecho. Como lo dijo alguna vez el Tribunal Supremo de Justicia en España: “La justicia obtenida a cualquier precio deja de ser justicia”.

* * * *

¿Será cierto que los magistrados de la Sala de Instrucción no se aguantaron las críticas legítimas de un grupo de abogados y compulsaron una carta a la sala ‘indisciplinada’ de la Judicatura para que los investigaran? ¿Acaso se creen incuestionables?

José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo

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