¿Prohibido investigar?

¿Prohibido investigar?

Mantener las medidas cautelares equivaldría a prohibir la investigación científica en Colombia.

26 de agosto 2019 , 07:00 p.m.

Con mucha y preocupante frecuencia, nuestros jueces están decidiendo sobre aspectos puramente técnicos sin experiencia ni conocimiento frente a estos. Algunos de ellos se comportan como activistas en vez de actuar como los operadores judiciales imparciales que deberían ser, y con miradas bastante primarias y poco fundamentadas, son capaces de bloquear la construcción de un metro, la implementación de un TransMilenio o truncar las necesarias investigaciones para establecer si la actividad del fracking es o no riesgosa y si puede hacerse bajo ciertos parámetros o debe rechazarse definitivamente por su inconveniencia.

Totalizando y malentendiendo el principio de precaución, nuestros jueces –y no jueces cualesquiera, sino los más encumbrados magistrados del Consejo de Estado– tomaron, por ejemplo, la decisión de parar los pilotos de investigación integral para analizar técnica y científicamente las posibilidades de exploración de yacimientos no convencionales en nuestro país. ¿Cómo lo hicieron? Decretando unas medidas cautelares sobre una reglamentación expedida por el Ministerio de Minas, argumentando que esta normativa no incluía disposiciones medioambientales. Una preocupación que hubiera resultado más que pertinente, de no ser porque paralelo a los decretos del Ministerio de Minas existen otras disposiciones del Ministerio de Ambiente que buscan justamente armonizar la regulación sobre este tema en Colombia. Mejor dicho, lo que pide el Consejo de Estado ya existe, solo que los honorables magistrados omitieron verlo.

Si la terquedad persiste, estaríamos matando a priori una alternativa para no quedarnos sin petróleo en 6 años o sin gas en 10

Lamentablemente, para este alto tribunal importa un comino lo que haya dicho la Comisión –¡esa sí!– de expertos, que se pronunció sobre la materia y ordenó pilotos que están frenados por causa de estas medidas cautelares. Lo curioso es que en el pronunciamiento judicial se pide conformar una nueva comisión que cuente con académicos versados de la Universidad Nacional, como si los más duros de ese importante claustro educativo no se hubieran pronunciado ya en el marco de la Comisión de expertos. Tres de los docentes e investigadores que más saben de la Nacional sobre fracking e impacto medioambiental hicieron parte del grupo de sabios, pero el Consejo de Estado quiere repetir todo el ejercicio y hacerle perder tiempo al país en medio de una crisis de reservas de petróleo y gas de la que, por supuesto, no entienden un pepino nuestros ilustres togados.

Como los jueces de este caso no pudieron ponerse de acuerdo frente a un recurso de súplica presentado por Ecopetrol y el Gobierno Nacional para revisar esas absurdas medidas cautelares, un grupo de conjueces tiene en sus manos esta trascendental decisión y debería pronunciarse en los próximos días sobre si mantiene el bloqueo o lo levanta, permitiendo que se hagan las pruebas científicas que nos conducirán a establecer –con criterio técnico y no desde un escritorio– si podemos hacer fracking y cómo.

Mantener las medidas cautelares equivaldría a prohibir la investigación científica en Colombia porque lo cierto es que el principio de precaución no se está imponiendo frente al fracking en sí mismo, sino frente a la posibilidad de implementar unos pilotos exploratorios para sacar conclusiones soportadas en la práctica y las pruebas técnicas. Insistir en estas medidas cautelares sería darles prevalencia a los prejuicios y no a los hallazgos objetivos que se derivarían de los pilotos. Si la terquedad persiste, estaríamos matando a priori una alternativa para no quedarnos sin petróleo en 6 años o sin gas en 10, y posiblemente estaríamos condenando al país, solo con una presunción judicial, a importar gas en el corto plazo con el encarecimiento en precios que ello acarrearía.

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