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¿Por qué se jodió la justicia?

¿Por qué se jodió la justicia?

Magistrados jugando a hacer política, academia desentendida y abogados queriendo hacer plata fácil.

No quedo tranquilo con la condena del exmagistrado Francisco Ricaurte. No porque me haya parecido insuficiente (19 años constituyen una pena drástica), sino porque creo que el llamado ‘cartel de la toga’ es más amplio que los nombres del exfiscal Luis Gustavo Moreno y del propio Ricaurte que, por ahora, son los únicos paganinis.

En Colombia suele pasar que hay ‘cohechos de uno’ o actos de corrupción por los que solo termina sancionado el que peca por la paga, pero no necesariamente el que paga por pecar. En ese entramado de corrupción, la cosa era más o menos así: Moreno se acercaba a los clientes para pedirles plata a cambio de favorecerlos en sus respectivos procesos ante la sala penal de la Corte Suprema. Cuando los contactados pagaban, la plata se la distribuían entre el exfiscal de marras, el exmagistrado Ricaurte y varios actores más que intercedían ante los propios magistrados para lograr sus torcidos. ¿Cuántos de esos “otros actores” están siendo activamente investigados? ¿Qué está pasando en los procesos contra los togados involucrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos? Es más, ¿sabemos dónde están esos nefastos personajes? ¿Y los políticos de todos los bandos que terminaron girando platica para recibir favores judiciales ya tienen condenas por estos hechos puntuales?

La respuesta a todas estas preguntas es que nos falta mucho para que el ‘cartel de la toga’ caiga del todo y que instancias como la Comisión de Acusación o la propia Corte Suprema se están moviendo sospechosamente lento para acabar de juzgar a los otros que están vinculados directamente con estos hechos de corrupción.

Así mismo nos falta, como país, una reflexión profunda sobre cuándo y cómo se jodió la justicia en Colombia. Estos hechos deplorables no fueron los únicos que se sucedieron en las altas esferas judiciales. ¿Se acuerdan del magistrado cuya esposa le recibía “botines de todo su gusto” a un probado mafioso como lo era Giorgio Sale? ¿O ya se nos olvidó que existió un ‘mecenas’ de la justicia llamado Asencio Reyes, que por allá en 2006 les organizaba animados paseos a los magistrados de la Corte Suprema, que hoy en el retiro se las dan, muchos de ellos, de analistas prístinos? ¿Quién se acuerda a estas alturas de que hubo un magistrado de la Corte Constitucional que deshonró al alto tribunal, recibiendo plata a cambio de incidir en una tutela, según estableció la sala especial de primera instancia, y, a propósito, qué ha pasado con la apelación que presentó el abogado defensor de ese señor de ingrata recordación llamado Jorge Pretelt Chaljub? ¡Y pensar que llegaron a nominarlo como candidato a Fiscal!

No es nuevo, entonces, eso de que la sal se corrompiera. Las fallas del pasado no nos han permitido corregir las malas prácticas del presente. La academia ha mirado para otro lado: o están las facultades expertas en producir jueces y magistrados con sesgos políticos protuberantes, pero que a la hora de que alguno de ellos sale torcido, se desentienden y no son capaces de salir a reprochar estas conductas o están las universidades que han inculcado en sus alumnos la idea de que donde hay que estar es en el sector privado y miran con desdén a la Rama Judicial como escenario en el que sus mejores estudiantes pudieran desarrollarse y aportarle al país.

Y están, por último, los buenos jueces y magistrados, que sigo creyendo son la mayoría, pero que, lamentablemente, son una mayoría silenciosa que ha dejado pasar los malos comportamientos de sus pares con una extraña solidaridad de cuerpo que le hace mucho daño a la justicia. Pocos se atreven, por ejemplo, a cuestionar a los magistrados locuaces que se pronuncian con epítetos en la plaza pública y no mediante autos o sentencias bien sustentados y que han convertido ciertos procesos en causas políticas de revancha contra quienes les caen gordos.

El alto poder judicial se jodió el día que normalizamos todo esto y se joderá aún más si no le ponemos coto desde la sociedad civil a ese malhadado matrimonio entre politiquería y justicia.

José Manuel Acevedo M.

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