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Cárceles sin control

Cárceles sin control

Unos viven hacinados contra los derechos humanos y otros viven de fiesta contra toda lógica punitiva

12 de abril 2021 , 09:25 p. m.

Por supuesto que el Estado colombiano es también responsable de los horrores que vivió Jineth Bedoya en la cárcel La Modelo en el año 2000, de la misma forma como todos los ministros de Justicia y los directores del Inpec han sido responsables del descontrol en las cárceles colombianas. Llevamos décadas con una situación penitenciaria que da grima; un estado de cosas inconstitucional, como le dice la Corte a ese zafarrancho en el que unos viven hacinados contra todos los derechos humanos y otros viven de fiesta contra toda lógica punitiva.

Lo peor es que por cada problema aparece un sindicato. En el Inpec habrá unos 70, y contando. Nadie ha tenido el coraje de reconocer que, junto con el Consejo Superior de la Judicatura, el Inpec es una de esas instituciones fallidas que solo empeoran con los años. 

Lo paradójico es que de la situación de hacinamiento extremo que se evidencia en celdas diseñadas para dos o cuatro personas que están ocupadas en realidad por ocho y la existencia de 2 baños por cada 200 reclusos en algunos centros penitenciarios, en este país se pasa con facilidad a otras cárceles como la de Cúcuta en la que hay jacuzzi y heladería privada para ciertos presos vip.

¿Cómo entender, por ejemplo, que un centro de estudios de la Policía como Cespo, en Bogotá, sirva dizque para alojar a algunos pillos ‘ilustres’ como el general Maza Márquez o Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Santos y pieza clave en el entramado de corrupción de Odebrecht? Y efectivamente ocurre lo que uno se imagina: son presos que se pasean a sus anchas por los alrededores del lugar, que sacan plata de cajeros automáticos como si tal y hasta reciben encomiendas de reconocidos portales en los que se hacen compras en línea, como quedó establecido en un reporte que recibió la Fiscalía sobre las condiciones en las que paga su pena el doctor Prieto.

O qué decir del lugar de reclusión de Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que vivía a cuerpo de rey con pleno conocimiento de las máximas autoridades judiciales, que nunca hicieron nada para ponerle coto a la situación porque no querían incomodar a su ‘testigo estrella’ o porque simplemente no les dio la gana tocarlo.

Basta recordar que cuando, el 7 de enero de 2020, el director del Inpec general Norberto Mujica le dirigió una carta al magistrado José Luis Barceló para informarle que el interno Monsalve tenía en su celda celulares, televisor, impresora y que recibía visitas sin ninguna restricción, en vez de mandarlo a otra cárcel y despojarlo de semejante tratamiento vip, la Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema respondió con un oficio el 7 de febrero del mismo año, diciéndole al Inpec que mejorara sus protocolos pero que dejara intacto a Juan Guillermo Monsalve en el sitio en el que se encontraba.

¿Nos aterra ahora que tuviera todos los lujos que tenía cuando la propia Corte sabía lo que estaba pasando y no hizo nada para corregir semejante distorsión?

Ni hablar de los presos que desde las cárceles siguen extorsionando y delinquiendo sin control. Hace apenas unas semanas se anunció con bombos y platillos que se había desmantelado una red extorsiva en 19 establecimientos penitenciarios, pero, como la Hidra de Lerna, más se tardan en cortar una cabeza que en aparecer dos o más, en un sistema putrefacto por definición que le ha quedado grande al Estado.

En vez de andar proponiendo reformas de la justicia que nunca prosperan, los ministros de Justicia deberían concentrarse en reformar los asuntos penitenciarios, y para lograrlo tendrían que comenzar por la liquidación definitiva de ese engendro fracasado al que le dicen Inpec.

José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo

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