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Que se sepa toda la verdad

Que se sepa toda la verdad

Lo bueno de que el caso Uribe pase a la Fiscalía es que todo queda visible para la opinión pública.

Por supuesto que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. Es obvio que todo colombiano puede armarse su propia idea sobre si se están vulnerando las garantías de unos y otros o si el exmandatario debería ser acusado o si la preclusión que solicita la Fiscalía es procedente o no a la luz del derecho.

Sin embargo, este alud de opiniones, que es ciertamente sano en las democracias contemporáneas, solo es posible con principios de publicidad y transparencia en este tipo de litigios de alto impacto. Si el caso se hubiera quedado en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, regido bajo el antiguo código de procedimiento, los colombianos seguiríamos opinando sobre la base de especulaciones y filtraciones y no sabríamos ni la mitad de lo que ahora conocemos sobre ese expediente, pues las anteriores normas implicaban un nivel de sigilo y reserva judicial que rayaba con el oscurantismo arbitrario y permitía que quien tomaba las decisiones fungiera como juez y parte en un sistema sin elementos adversariales.

La Ley 600 de 2000 fue sustituida por la 906 de 2004, precisamente para introducir un esquema más garantista, con participación plural de distintas instancias judiciales y con una clara separación entre las funciones de investigación, acusación y juzgamiento. El expediente Uribe, manejado solo por cinco magistrados –porque a la sexta la marginaron del proceso–, con muestras de sesgo ideológico en algunos casos, ‘salvavidas’ para los interrogados y obtención y legalización de pruebas que por momentos hacían pensar que la teoría del ‘todo vale’ se había tomado el Poder Judicial, hubiera resultado tremendamente inconveniente no para los intereses del procesado, sino para la legitimación de la justicia colombiana en general.

Lo que ha ocurrido desde la renuncia de Uribe al Congreso hasta hoy es positivo porque no dos ni tres, sino varias instancias independientes se han pronunciado y las pruebas, los testimonios y vericuetos del caso se han destapado para todos. Los pesos y contrapesos que deben existir en un Estado de derecho moderno ciertamente se han respetado.

A las denominadas víctimas (Cepeda, Montealegre y compañía) se les ha permitido recusar a los investigadores; la Corte Suprema en pleno ha intervenido, una juez independiente se pronunció sobre la medida de detención preventiva de Uribe, y luego un juez de jerarquía superior avaló el pronunciamiento, pero pidió que se declarara al exmandatario formalmente imputado.

El fiscal del caso pudo solicitar la preclusión de la investigación, y su palabra no es la última ni la definitiva, sino que deberá ser sustentada ante una juez de conocimiento y sea cual fuere la decisión, esta podrá ser impugnada por cualquiera de las partes y el tema será revisado nuevamente por otra instancia: la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

La Procuraduría, en su calidad de defensora de los intereses de la sociedad, también podrá intervenir, y aun en el escenario de que el expresidente resulte acusado, desde ese momento y en adelante se iniciaría una etapa de juicio público en la que también los colombianos podremos seguir el caso.

Díganme si todo esto no redunda en la calidad de las determinaciones. Díganme si no es mejor tener esta multiplicidad de actores que intervienen en un proceso, en vez de que un puñado de magistrados siguieran haciendo y deshaciendo con escaso margen de control y controversia.

Lo bueno de que el caso Uribe haya pasado de la Corte a la Fiscalía es que todo lo que pasa –y deja de pasar– es visible para la opinión pública. Ahora lo único que los colombianos pedimos es que se sepa toda la verdad.

José Manuel Acevedo M.@JoseMAcevedo

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