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Alianzas antijurídicas

Alianzas antijurídicas

El respeto de las reglas electorales debe ser una prioridad en cualquier democracia.

Las normas electorales son muy importantes para cualquier democracia porque definen las reglas para acceder al poder y buscan nivelar el campo de juego para que la competencia entre los candidatos sea equilibrada. Es lo que ocurre con la prohibición de doble militancia y los efectos de las consultas interpartidistas, que están regulados claramente en la Constitución y la ley 1475 de 2011. Sin embargo, algunos candidatos quieren pasarse por alto estas reglas en una burla a la ley que atenta contra el juego limpio.

Ángela María Robledo inscribió su candidatura como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro el pasado viernes 16 de marzo, el mismo día en que renunció al Partido Alianza Verde (en el que hacía parte de la Dirección Nacional) y teniendo aún la calidad de representante a la Cámara por el mismo partido, curul a la cual solo renunció el martes 20 de marzo, según declaró en entrevista a Blu Radio el jueves 22 de marzo. Se trata de una hipótesis nítida de doble militancia, en los términos del artículo 2 de la ley 1475 de 2011, que establece que los directivos de los partidos y movimientos políticos, así como quienes tengan cargos de elección popular que quieran presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar al cargo o a la curul al menos doce meses antes del primer día de inscripciones.

Esto significa que si Ángela María quería ser legalmente la fórmula vicepresidencial del movimiento de Gustavo Petro (que es distinto del Partido Alianza Verde), debió renunciar tanto a su partido como a su curul hace más de un año. Luego de las críticas que desató en las redes sociales esta flagrante doble militancia, Ángela María se ha defendido con un argumento traído de los cabellos: que como el artículo 197 de la Constitución, que establece los requisitos para ser vicepresidente, no menciona la doble militancia, esta no se aplicaría para dicho cargo. La debilidad del argumento es patente: en primer lugar, porque el artículo 107 de la Carta (que es desarrollado por el artículo 2 de la ley 1475 de 2011) también tiene rango constitucional y establece la prohibición de doble militancia sin excepciones. Y, en segundo lugar, porque el Consejo de Estado ya juzgó la eventual doble militancia de un candidato vicepresidencial el año pasado (Sentencia nº 11001-03-28-000-2016-00025-00, Sala Plena, 23 de mayo de 2017) y, aunque en el caso examinado no se configuró el supuesto de hecho de la causal, dejó claro que la doble militancia también aplica para el vicepresidente.

Otro tanto ocurre con la eventual alianza que se promueve entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. La inviabilidad jurídica de esta alianza se produce porque De la Calle participó en una consulta popular interpartidista en la que resultó elegido como candidato presidencial único del Partido Liberal, y la misma ley 1475 de 2011 les prohíbe a los ganadores de este tipo de consultas apoyar a otros candidatos o “inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”, so pena de “nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al elegido en la consulta”. Esto significa que un eventual apoyo de De la Calle a Fajardo anularía la candidatura de este último, sin mencionar la sanción pecuniaria a que daría lugar, pues el Partido Liberal tendría además que “reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral” con la consulta (40.000 millones de pesos en este caso), según la misma norma.

A pesar de lo anterior, los dos candidatos decidieron hacerle una consulta al Consejo Nacional Electoral para que supuestamente aclare lo que no puede ser más claro. Entre quienes promueven esta alianza circula además la extraña teoría de que la ley 1475 no se aplicaría en este caso porque el tarjetón liberal de la consulta autorizaba al candidato de ese partido a buscar una coalición antes de la primera vuelta, como si un tarjetón pudiera derogar la obligatoriedad que una ley estatutaria (es decir, casi de rango constitucional según la doctrina más aceptada) les da a este tipo de consultas. Obligatoriedad que además tiene toda la lógica económica y sentido de justicia: sería injusto que, luego de invertirse miles de millones en una consulta interpartidista y de que los precandidatos que participan en ella obtengan la evidente ventaja en visibilidad mediática que les otorga respecto de sus competidores, se les permitiera a los vencedores de las consultas “bajarse del bus” a mitad de camino.

El respeto de las reglas electorales debe ser una prioridad en cualquier democracia. Confiemos en que, tratándose de tres figuras íntegras de nuestra política, pronto acatarán las reglas de juego limpio establecidas para las elecciones.

JOSÉ FERNANDO FLÓREZ RUIZ
Abogado constitucionalista y Ph. D. en Ciencia Política de la Universidad Paris 2 Panthéon-Assas@florezjose

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