Las reformas tributarias son siempre incómodas. Pero también son necesarias, porque proveen los recursos para que el Gobierno pueda financiar el gasto social, en infraestructura, justicia y seguridad. Como lo señaló una publicidad del Gobierno español que invitaba a pagar impuestos: “Hacienda somos todos”.
Desde el punto de vista coyuntural, la reforma es urgente por tres motivos diferentes: hay que sustituir los ingresos fiscales provenientes del petróleo, compensar los impuestos temporales que decretaron anteriores reformas y garantizar los recursos para la paz.
Además, con el triunfo de Donald Trump se han reducido los flujos de capital hacia los países emergentes, encareciendo el crédito para América Latina en casi un punto porcentual. Es posible que esta tendencia se refuerce con el alza de tasas de interés que debe decretar pronto la Reserva Federal. Y existe, además, el riesgo de que Colombia pierda de nuevo el “grado de inversión” que otorgan las calificadoras de riesgo, como ya lo perdió Brasil.
La reforma presentada por el Gobierno y que iniciará su debate firme en los próximos días tiene muchas virtudes: simplifica el régimen tributario; reduce la tasa de tributación de las empresas, que está afectando la competitividad del país; permite deducir el IVA a los bienes de capital; limita muchos beneficios tributarios, aunque no tantos como propuso la Comisión de Expertos; crea el monotributo para las pequeñas empresas; y establece nuevos mecanismos para controlar la evasión.
Sin embargo, no va lo suficientemente lejos en reducir los beneficios tributarios, ni en corregir el principal problema de la estructura tributaria colombiana en relación con la de los países desarrollados: la baja tributación de las personas naturales de altos ingresos. De acuerdo con el estudio de Facundo Alvarado y Juliana Londoño, el 1 por ciento más rico de la población colombiana paga apenas un 10 por cierto en impuestos.
De no aprobarse la reforma, el costo para el país sería enorme. La reducción de la inversión pública ya ha sido excesiva y debe ser revertida. Sin eso, será virtualmente imposible hacer los gastos para consolidar la paz. Obligaría, además, a hacer un recorte acumulado del gasto público de cerca de 30 billones de pesos en relación con el pico alcanzado en el 2013, simplemente catastrófico para la educación, la salud y otros gastos del Estado.
Por eso, una regla básica del debate parlamentario debe ser que quien proponga no incluir alguno de los elementos de la reforma debe proponer cómo reemplazarlo. Es lo único responsable, dadas las necesidades fiscales del país.
Aumentar el IVA es necesario y menos costoso que los recortes de gasto en educación o salud que tendrían que hacerse. La estructura del IVA en Colombia no es, además, regresiva, por la exclusión de bienes básicos de la canasta familiar. Pero si se quiere que el aumento de la tasa más alta sea algo inferior, habrá que aumentar otros impuestos.
Estas son mis sugerencias: una tasa mínima de impuesto a las utilidades de todas las empresas (incluyendo la hotelería y otras que continúan con beneficios); aplicar también el impuesto a los dividendos a las personas jurídicas; gravar todas las ganancias de capital con al menos la tasa de tributación de los dividendos; crear un escalón adicional para estos del 15 %; y mantener el impuesto a la riqueza o restablecer el de patrimonio para personas naturales, exigiendo además que sus activos estén estimados a precios de mercado, especialmente las inversiones en sociedades limitadas.
Por todo lo señalado, invito al Congreso a apoyar la reforma e invito en particular a mi partido, el Liberal, a hacerlo.
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
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