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En defensa de las cajas de compensación

Las cajas deberían redefinir sus funciones, reforzando las que se demandan muy bien en el campo.

En el debate que se inicia sobre la reforma laboral, una de las propuestas desafortunadas ha sido la formulada por Anif de eliminar la contribución del 4 por ciento sobre los salarios que recaudan las cajas de compensación familiar. No es una propuesta nueva: ha sido recurrente entre aquellos economistas que consideran que la reducción de los costos prestacionales es clave para la creación de empleo.
Las cajas de compensación han sido exitosas en la provisión de servicios sociales. Son uno de los pilares básicos del sistema de protección social en Colombia y son queridas por los trabajadores. De hecho, debido a su éxito, se les ha asignado una amplia cantidad de funciones y han ocupado un papel creciente en el manejo de programas sociales financiados con recursos públicos. Son además un exitoso mecanismo de cooperación entre empresarios y trabajadores.
Afortunadamente, la propuesta de Anif no recibió mucho apoyo. El propio Presidente de la República (aunque, paradójicamente, no su ministro de Hacienda) la rechazó, como lo hicieron los gremios y las centrales sindicales.
En el debate se formuló la propuesta de sustituir las contribuciones a las cajas con recursos presupuestales, como se hizo en el pasado con los impuestos a la nómina que financiaban el Sena y el ICBF, y con las contribuciones empresariales a la salud. Pero esta propuesta tampoco es razonable. De hecho, el Gobierno no ha podido todavía absorber los costos adicionales que han implicado las reformas previas, en especial la de la salud.
Esto no quiere decir que el sistema de compensación familiar no pueda ser mejorado. Una primera reforma es reducir sus funciones, que hoy en día son excesivas, ya que incluyen, aparte del viejo subsidio familiar, servicios de educación (incluyendo educación para el trabajo), salud, atención a la niñez, vivienda social, recreación, cultura, turismo social, crédito, y redes de supermercados y farmacias, entre otras. Mi preferencia es la ampliación de los servicios de salud.
Una alternativa es realizar un estudio riguroso de qué trabajadores utilizan los distintos servicios, para concentrar las actividades en aquellos que son redistributivos. En este sentido, lo más importante es garantizar que las contribuciones que recaudan se destinen a servicios claramente redistributivos.
La segunda reforma, y la más importante, es ampliar su cobertura. Llegan, sin duda, a casi 10 millones de trabajadores y a más de 21 millones de personas. Pero dejan por fuera a casi la mitad de los trabajadores urbanos y a un 86 por ciento de los rurales, que son informales. Los mejores servicios sociales son los que son universales, como la educación primaria y la salud. Las cajas deben tener también una vocación universal.
Una alternativa es que la cuarta parte de la cotización, que hoy se destina a servicios para no afiliados, sea asumida por el presupuesto nacional y se destine a subsidiar la afiliación de trabajadores independientes de bajos ingresos, incluso creando una categoría especial para ellos en la cual tengan acceso a la totalidad o al grueso de servicios de las cajas.
La prioridad en este campo debe ser la ampliación de sus servicios en las zonas rurales. En este sentido, recojo las recomendaciones de la Misión Rural: las cajas deberían redefinir sus funciones, dejando de lado algunas típicamente urbanas, pero reforzando las que se demandan muy bien en el campo (subsidio familiar, mejoramiento de vivienda y educación para el trabajo) y diseñando otras nuevas. Además, algunas donde las cajas tienen amplia experiencia (educación, salud y vivienda) deberían también ampliarse en las zonas rurales, sirviendo en algunos casos como agentes para la ejecución de recursos públicos, en lo cual han demostrado ser efectivas.
JOSÉ ANTONIO OCAMPO
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