La tutela de Andrés Felipe

La tutela de Andrés Felipe

La Corte Constitucional debería seleccionar la tutela y resolver el asunto de una vez por todas.

12 de agosto 2019 , 07:02 p.m.

Hace unos días volvieron a negarle a Andrés Felipe Arias una tutela que buscaba la segunda instancia para su condena por el caso de Agro Ingreso Seguro. Y, claro, se prendió el debate. Para unos, esa negativa es la venganza del antiuribismo contra un inocente leal a su jefe. Y para otros es la justicia ciega, que cojea pero llega. Sin embargo, ambos lados se equivocan. Porque, en el derecho, las discusiones no deben ser de apasionamientos políticos sino de argumentos jurídicos.

Por eso, para hacer un análisis serio, hay que dejar de lado la política y las opiniones sobre si Arias es culpable o no. Quien quiera opinar sobre eso que primero lea la sentencia del caso. Y la conclusión que se saque, de todos modos, aquí sobra. Porque el debate sobre si Arias debe tener doble instancia no es de derecho penal, sino de derecho constitucional. Y la explicación es sencilla.

La doble instancia es tan de la esencia del derecho al debido proceso que sin ella deja de serlo. Mejor dicho, sin doble instancia puede haber un proceso, pero nunca será uno debido (el que debe ser). La propia Constitución lo establece (art. 29) para todas las actuaciones judiciales y administrativas, y lo mete al bloque de constitucionalidad al aceptar los tratados y los derechos innominados (arts. 93 y 94). Pero con Arias hubo dos hechos que complicaron las cosas.

Al privarlo de la segunda instancia, a Arias no solo le están negando el derecho al debido proceso, sino también a la igualdad y al acceso a la justicia, entre otros

El primero es que la Constitución establecía un proceso de única instancia para aforados, como él. Y por eso lo procesaron sin segunda instancia. Esto ha debido ser distinto porque cuando se trata de la Constitución no se aplican unas normas y se ignoran otras, sino que se deben conjugar todas (interpretación sistemática) para hacer justicia. Y se debe buscar la solución que mejor proteja los derechos fundamentales (interpretación finalística). Pues nada de eso se ha hecho en el caso del exministro.

Y el segundo hecho es que el año pasado se reconoció expresamente en la Constitución la doble instancia para aforados. Y, como en derecho penal una norma favorable al procesado, aun cuando sea posterior, debe aplicarse de preferencia a la menos favorable (principio de favorabilidad), Arias quedó con el derecho a que la nueva norma, que reconoce la doble instancia para aforados, también se le aplique a él. Sin embargo, increíblemente, le siguen diciendo que no.

Así, al privarlo de la segunda instancia, a Arias no solo le están negando el derecho al debido proceso, sino también a la igualdad y al acceso a la justicia, entre otros. Por eso, la Corte Constitucional debería seleccionar la tutela y resolver el asunto de una vez por todas. Esto, aunque se abra la puerta para que otros condenados en única instancia, como algunos ‘parapolíticos’, también pidan revisión de sus sentencias judiciales y administrativas. Al fin y al cabo tienen ese derecho.

Esto ni es inmoral, como lo han planteado algunos, ni inconveniente. Por el contrario, lo inmoral es que una sociedad democrática no entienda que la ley debe ser igual para todos. Y lo inconveniente es mantener las injusticias y que el país tenga que entrar en un proceso legislativo para que se aplique la favorabilidad penal de manera retroactiva, cuando esto ya está en la Constitución.

Cualquier procesado, culpable o inocente, tiene derechos fundamentales que se deben respetar. Uno de esos es la segunda instancia, a la cual no hay que temerle. Si las pruebas y las decisiones son sólidas, pues serían confirmadas. Y si no lo son, entonces sería una oportunidad para que brille la justicia. A lo que sí hay que temerle, realmente, es a un Estado que encarcele ciudadanos vulnerando derechos. Ojo: hacer las cosas bien y corregir los errores nunca debilita la justicia. Muy por el contrario, siempre la fortalece.

* Constitucionalista

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