Y del glifosato, ¿qué?

Y del glifosato, ¿qué?

Se busca candidato presidencial que exorcice el diablo que se nos metió a los colombianos.

15 de noviembre 2020 , 09:32 p. m.

Al César lo que es del César. Los errores del gobierno de Duque, que muchas veces he cuestionado, no pueden empañar sus aciertos y menos su tremendo esfuerzo por corregir los disparates de las drogas de La Habana y la necesidad de reanudar la aspersión aérea con glifosato. Un empeño que adelanta en medio de una soledad apabullante, de una sociedad impasible, que protesta por la muerte de los líderes sociales, pero no por el culpable: el narcotráfico.

Es increíble la tremenda confusión en la que se libra esa batalla, a la que contribuyen propuestas de legalización de parlamentarios y expresidentes y titulares sobre la legalización de la marihuana en más estados en Estados Unidos. Me atrevo a decir que tienen poca idea del problema de las drogas.

Legalizar no resuelve la criminalidad creada por las drogas. Al contrario, la puede acrecentar. En los países que las legalizaron parcialmente persiste el mercado ilegal, o ¿alguien en verdad cree que los ladrones van a ir a comprar marihuana en los más caros dispensarios legales?

De fondo, el lío no es ni siquiera las drogas. El verdadero problema es que vivimos en un país permisivo con la criminalidad, en el que muchos creen que violar la ley para hacer plata no es malo o que matar no es tan grave. Es que ni siquiera en Afganistán, donde ocurre la cuarta parte de los homicidios de Colombia.

No se puede confundir la domesticación de ciertas drogas, como el alcohol o la paulatina legalización de la marihuana en Estados Unidos, con que estemos a la vuelta de la esquina de la solución del problema. En otras palabras, pueden legalizar la marihuana, pero ¿qué se hace con la cocaína o si mañana el mercado de la criminalidad se desplaza a las drogas sintéticas o el fentanilo, 200 veces más fuerte que la heroína? Es un funesto mensaje hacerles creer a los cocaleros que tarde o temprano se va a legalizar y serán los nuevos Rockefeller. Antes de eso habrá centenares de miles de muertes y más pobreza, porque no habrá inversión en el campo.

Por eso fue tan grave la sentencia T-236 de 2017 y el auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional, que ordenaron no reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, lo mismo que los documentos en los que, en lo fundamental, se basó esa decisión, y que el exministro de Salud Alejandro Gaviria utilizó como caballo de Troya.

Me refiero al de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que concluyó, de forma preliminar y sin pruebas, que el glifosato es probablemente cancerígeno. Un documento que está ahora a la defensiva, en especial por la publicación en 2018 del estudio Glyphosate Use and Cancer Incidence in the Agricultural Health Study del Centro de Sanidad Agrícola de Estados Unidos, el cual no encontró asociación entre el uso de glifosato y el cáncer.

Pero también aludo al texto de Daniel Mejía y Adriana Camacho ‘Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano’, que mojó prensa por el supuesto impacto del glifosato en el aumento de los abortos, problemas dermatológicos y respiratorios. Un trabajo que la Universidad de los Andes nunca debió avalar por sus profundos errores y deficiencias, como lo señalaron en la valoración crítica Daniel Rico, Orlando Scoppetta y Diego Cuéllar. Eso sí, hubo declaraciones de académicos y políticos enalteciendo las afirmaciones imprudentes de los autores y eso, para la Corte, se constituyó en “evidencia científica”.

Esos son apenas algunos de los obstáculos, porque en realidad el día que se reanude la aspersión aérea con glifosato la detendrán de inmediato con acciones de tutela o con bloqueos o marchas cocaleras. No creo entonces que en este gobierno se reanude exitosamente la aspersión, pero sí habrá dado un paso muy importante para corregir las costosas ingenuidades de La Habana. Resta entonces preguntarles a los candidatos presidenciales si están dispuestos exorcizar el diablo que se nos metió a los colombianos. Es moralmente inaceptable que con el argumento de la pobreza algunos campesinos se dediquen a una actividad que mata a miles de personas y hace inviable al país.

JOHN MARIO GONZÁLEZ

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