Violar y pasar de agache

Violar y pasar de agache

Hacemos todos los méritos para que más temprano que tarde nos descertifiquen.

15 de junio 2019 , 11:30 p.m.

No solo es que los bandidos estén de fiesta y los derechos de los niños, supuestamente prevalentes, según el artículo 44 de la Constitución, terminen afectados. En un país en el que se violan y asesinan niños por montones, hacerles más restrictivo uno de sus derechos puede ser hasta de las últimas consideraciones de la Corte Constitucional. Ni siquiera es que sean pueriles o contrarios a derecho sus argumentos para anunciar la inconstitucionalidad de apartes del Código de Policía que sancionan el consumo de drogas y alcohol en lugares públicos. Al fin y al cabo, cada sociedad se labra su destino, y Colombia es un país poco serio. Pero a nivel internacional se trata de que somos irresponsables, violamos nuestros compromisos y queremos pasar de agache.

No puede ser que la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de drogas de 1988 se hubiera gestado como respuesta al gran crecimiento del narcotráfico y la violencia de los ochenta y que la respuesta de Colombia sea una saga de sentencias que o violan la convención o dejan sin instrumentos al Estado para la lucha contra el narcotráfico y el delito.

Ahí está ese funesto fallo con ponencia del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, quien con invocaciones poéticas y al diálogo con vino despenalizó el consumo de la dosis personal de drogas en 1994, alegando el libre desarrollo de la personalidad. Una sentencia que calificaron de ingenua José Gregorio Hernández y Hernando Herrera Vergara, los dos magistrados que están vivos, de cuatro que salvaron su voto, y que “incentivaría la producción, el tráfico y los carteles de la droga”. Más de 20 años después, en efecto, eso fue lo que sucedió. Todos los estudios que conozco de la Universidad de los Andes, del Departamento Nacional de Planeación y la Fundación Ideas para la Paz muestran que el consumo de drogas se disparó desde comienzos de los noventa, al igual que el microtráfico, y que Colombia pasó de ser productor a uno de los mayores consumidores. ¿Hay manera entonces de que los exmagistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Antonio Barrera Carbonell asuman su cuota de responsabilidad por ese desastre?

Aunque el gobierno de Álvaro Uribe quiso corregir y el Congreso aprobó en 2009 una reforma según la cual “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”, la Corte le torció de nuevo el pescuezo a la Constitución al sentenciar en el 2012 que tal prohibición “no conduce a la criminalización de la dosis personal”.

Ahora viene la Corte Constitucional a decir que los dos artículos del Código de Policía no eran necesarios, que existen otros medios, que la medida era irrazonable y que su conclusión tiene en cuenta las obligaciones del bloque de constitucionalidad. Nada más equivocado. Gravísimo error eso de creer que los instrumentos en la lucha contra las drogas actúan o son eficaces aisladamente, que la sociedad es la novela de Robinson Crusoe en la que, además, los recursos son ilimitados y no importa la eficacia para su preservación. Como gravísimo es olvidarse que las drogas son la principal amenaza del país, porque lo cierto es que, con el cuento del libre desarrollo de la personalidad, de la dosis de aprovisionamiento, la licencia para tener 20 plantas de marihuana y el consumo en donde se pegue la gana, Colombia, en la práctica, legalizó la marihuana y es tal vez el país más permisivo en el uso de estupefacientes.

Colombia se da el lujo de violar sus compromisos porque no hay una autoridad internacional que le imponga sanciones y porque cada sociedad es libre de suicidarse, pero estamos haciendo todos los méritos, así el Gobierno no tenga velas en la decisión, para que más temprano que tarde nos descertifiquen.

JOHN MARIO GONZÁLEZ

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