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¿Quieren joder a Fajardo?

¿Quieren joder a Fajardo?

La coartada es pedirle imposibles y condenarlo por no ser un supermán.

22 de octubre 2021 , 08:00 p. m.

Aunque el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría sobre Hidroituango es desordenado, sin tabla de contenidos ni hilo conductor, al mismo tiempo da la sensación de sólido, riguroso y garantista. Claro, al que no lo lee y se queda con la finta de sus intimidantes 2.511 páginas en las que cabría una Biblia y un Quijote. Es que la tinta también se destila para propósitos poco nobles, incluso hasta con buenas coartadas, que sirven para perseguir, pedir imposibles y condenar por no ser clarividentes o un supermán.

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No importa que no hubiera corrupción ni que el estudio de causa raíz hubiera encontrado una causa concluyente de las 28 examinadas. Tampoco importa que, más bien, la chilena Skava hubiera precisado que el taponamiento y colapso de la Galería Auxiliar de Desviación de la presa debió obedecer a una combinación de factores, con una razón física más probable de erosión progresiva de la roca, de menor calidad a la prevista, causada por el flujo de agua en el túnel. Pero ni de riesgos tal tesis. Eso sonaría técnico, aburrido; no daría para imputar ni al vigilante ni crearía la sensación de heroica lucha contra la corrupción.

Por eso, tampoco hay que considerar un acumulado de años de situaciones adversas de orden público, manifestaciones sociales, invasión de predios y toma de carreteras, contratiempos climáticos y hasta percances geológicos. Lo que convenía era exigir una especie de perfección inmaculada, una categoría en la que no cabe el riesgo, ese absurdo tan propio de los grandes proyectos de ingeniería.

Y había que buscar algo más picante e inescrutable, así se viole la lógica, la racionalidad jurídica, así se tergiversen y cercenen las pruebas. Lo importante es que la sangre llegue al río por garciamarquiano que parezca. Algo así como que “Hidroituango no está en funcionamiento porque se trató de una serie de ‘hechos sucesivos y concatenados’ producidos por conductas concurrentes que contribuyeron a poner el proyecto en situación de vulnerabilidad y desencadenaron la contingencia de 2018, lo que, a su vez, llevó a ocasionar el lucro cesante”. Con un globo así se puede procesar a cualquiera, en un regreso al infinito. Desde el homicida como a quien suministró el arma y hasta a quien fundió el hierro.

Había que buscar algo más picante e inescrutable, así se viole la lógica, la racionalidad jurídica, así se tergiversen y cercenen las pruebas.

No importa que se viole el debido proceso ni se individualice el nexo causal de las conductas ni el daño patrimonial. Eso se resuelve fácil con la excesivamente genérica normativa fiscal, que da para todo, hasta para calificar de doloso y gravemente culposo el actuar de esos ‘negligentes’. Que respondan uno, alguno o todos, o solidariamente como se dice, por esos 4 billones 75 mil millones. Si algún golpe de autoridad se requiere simplemente se dice que no hay norma que exija a la Contraloría individualizar el daño, aunque se viole tajantemente la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese chicharrón, como el del control automático de legalidad, que lo resuelva luego el Consejo de Estado, o el Congreso. Para entonces, pocos se acordarán del monumental entuerto.

Es que, aquí entre nos, no hay otra salida. La verdad es que se presume y se matonea, pero no hay capacidad técnica. La primera valoración del daño tuvo muchos errores y críticas y eso que la hizo la Universidad Nacional, costó 252 millones de pesos, y nos saltamos la ley porque el informe debía ser gratuito. Una nueva implicaría individualizar las conductas y costaría un jurgo de plata. Entonces, al diablo con eso del debido proceso.

Más bien, sigamos la coartada de la desmesura y el abuso de poder que pocos se darán cuenta, y a lo mejor nos tiramos a Fajardo. Al fin y al cabo, ¿quién recuerda el daño reputacional que le causamos en 2016 y 2017, cuando estábamos en la Auditoría General, y burlándole las funciones, produjimos sendos informes tramposos sobre supuestos gastos de publicidad en la gobernación de Antioquia y contratos de aportantes a su campaña?

Claro, el jueguito persecutor hay que manejarlo con astucia. ¿Qué tal si se convoca una cumbre en la Casa de Nariño para comenzar a diluir la responsabilidad? Es que ya se jodieron las constructoras y se puede causar un despelote. Hidroituango tiene seguros, y Mapfre está respondiendo. Pero cuando las constructoras demanden por daños y perjuicios no se puede terminar como el cazador cazado.

JOHN MARIO GONZÁLEZ

(Lea todas las columnas de John Mario González en EL TIEMPO, aquí)

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