En el colmo de los colmos, hace unos días fue capturado un ‘líder’ de la sustitución de cultivos ilícitos, protegido por la UNP, con 75 kilos de marihuana en la camioneta que tenía asignada. La noticia no pasaría de ser un hecho criminal aborrecible, si no fuera porque sintetiza la trampa de la lucha contra las drogas en que está sumido el país, la crisis que se cocina a fuego lento, de la cual la cifra récord de 212.000 hectáreas de coca en 2019 es apenas la punta del iceberg.
Es decir, el país está en mora de reconocer el fracaso del programa de sustitución, Pnis, y de retomar de forma urgente la aspersión con glifosato. El problema es que con alta probabilidad será vana la promesa de Duque a Trump en ese sentido la semana pasada.
Si se firma el decreto que la reanude, seguramente será demandado y, a la luz del acto legislativo 2 de 2017 y de la sentencia C-630 de 2017, que avaló su constitucionalidad, con dificultad tendría suerte distinta a la nulidad. El acuerdo de paz era conveniente, pero el capítulo de drogas fue un tremendo error. Pulverizó la autoridad de la lucha contra las drogas y tiró las llaves de la aspersión con glifosato al fondo del mar. Y si el obstáculo jurídico fuera franqueable, la gobernabilidad de Duque es tan precaria que las marchas de 250.000 cocaleros le quitarían el poco oxígeno que le queda.
Pero, por qué entonces el gobierno Duque no deja de dorar la píldora y le dice con claridad al país que el Pnis es y será una frustración. Las razones son numerosas. Una es que se equivocó tanto en el tema de la paz que terminó por comprar completo el discurso de la implementación y prefiere no indisponer demasiado.
Una segunda es que toda la línea del gobierno Santos todavía defiende la fracasada sustitución. Hay quienes manejaron descomunales recursos a nombre del posconflicto y ahora escriben libros con tesis peregrinas, incluso con errores que reflejan el desbarajuste de sus argumentos. Dicen, por ejemplo: “Han recibido pagos casi 100.000 productores y retirado la coca unos 40.000, es importante anotar que el 92 % ha cumplido, o sea que no se ha presentado resiembra en las zonas de sustitución voluntaria” (sic).
Tercero, se sigue pensando que cuando hay demanda hay oferta, aunque no se logra responder por qué Colombia no tiene verdaderos competidores, y hasta universidades de élite abundan en argumentos permisivos en materia de drogas.
En cuarto lugar, entidades como la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos incurren en un sesgo irresponsable que agudiza la trampa de las drogas. Su
informe sobre derechos humanos de 2019 toma partido y es parcializado cuando asume que las causas estructurales de la violencia en Colombia no son otras que las causas objetivas. Pero, además, cuando adopta textual las falsas cifras de ‘éxito’ de la sustitución voluntaria y no señala su conflicto de interés con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la misma que es juez y parte de la sustitución con multimillonarios convenios con el Gobierno.
En quinto lugar, los campesinos en verdad creen que el ‘omnipotente’ Estado puede darles subsidios permanentes sin, tal vez, pensar que siempre habrá razones para esgrimir incumplimiento.
Por eso Trump tiene razón cuando le decía a Duque que si no fumiga no se va a deshacer de los cultivos ilícitos, aunque posiblemente mantenga el margen de tolerancia mientras vea algún afán del Gobierno por cumplirle.
Pero como la desgracia no es la más llevadera, la ausencia de voluntad para deshacernos del problema de las drogas seguirá siendo reemplazada por una delincuencia rampante en las regiones, el desahucio de la inversión, mayor pobreza, mientras los campesinos que creyeron, ingenuamente, en la sustitución voluntaria se convierten en carne de cañón de los criminales. Como dice Francisco Thoumi, el tema de las drogas con Estados Unidos es un matrimonio en el infierno sin posibilidad de divorcio, que se nos convirtió en un verdadero infierno.
John Mario González
