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La ‘corrupción buena’

Claudia López: “Hasta las últimas consecuencias con la defensa de Camilo Romero”.

Hace unas semanas, la noticia no fue el corrupto negocio y la manera burda como el gobernador Camilo Romero le quitó a unos empresarios de Licosur el jugoso negocio de los licores en Nariño, que además pagaban de contado. La decisión era dárselo a crédito a la Organización de Licores de Nariño, de uno de sus amigos —Richard Portilla—, constituida 15 días antes de su elección, como lo mostré en una investigación publicada aquí.
La noticia no fue tampoco que después de dos años y medio la Fiscalía General de la Nación finalmente acusó al gobernador Romero ante la Corte Suprema de Justicia. El mismo tiempo que la procuradora segunda delegada para la Contratación Estatal y su secretario mantienen empolvada la investigación disciplinaria. Y menos lo fue que uno de los primos de Romero se acogió al principio de oportunidad y se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía. No. La noticia esa semana fue que al gobernador Romero, aunque se cuidó al decirlo furtivamente, le quitaron la visa a Estados Unidos por su postura frente al ‘fracking’, al glifosato y a la sustitución de cultivos ilícitos.
Entiendo que esa no fue la razón. Pero tampoco es la primera vez que Romero levanta una cortina de humo frente a las acusaciones que se le atribuyen. Es que hace mucho concluyó que en política la realidad es menos importante que las apariencias, a la que llegó no por su brillantez, que no tiene, sino por perfidia.
Por eso le interpuse un derecho de petición de información para preguntarle: ¿en qué fecha fue notificado y retirada su visa a los Estados Unidos? El gobernador no se dignó a responder. Él sabe que lo suyo es teatralizar y jugar de astuto mientras al país le asigna el papel de pánfilo, favorecido por la avalancha en los medios de versiones o informaciones que no se verifican.
Y no son pocos los que caen, unos por falta de información, otros por ingenuidad y los demás por pernicioso compadrazgo político. El senador Iván Cepeda expresó su “plena solidaridad con el gobernador víctima de múltiples ataques por su posición”, y Gustavo Álvarez Gardeazábal sugirió que si el aguerrido pastuso se hubiera aliado con Estados Unidos en su manera de enfrentar el problema de la droga, los investigadores del contrato de los licores —es decir, la Fiscalía— lo habrían perdonado.
La misma dramaturgia le funcionó hace dos años, cuando la Fiscalía lo llamó a imputación de cargos por el corrompido negocio de los licores. Claudia López, la candidata a la alcaldía de Bogotá, lo secundó y acusaron al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez de perseguirlo políticamente. Claudia López agregó en la W Radio que “iba a ir hasta las últimas consecuencias con la defensa de Camilo Romero”.
Aunque Ramiro Bejarano se refirió a él en su columna de ‘El Espectador’, de buena fe, como al fogoso exsenador, cuyas buenas ejecutorias y rectitud alcanzan nombradía nacional, también agregó que “si las pruebas resultaren contundentes, a Claudia López seguramente le tocaría asumir el gesto gallardo de ofrecer excusas por sus sindicaciones”.
Hasta ahora desconozco cuáles son las últimas consecuencias y las excusas públicas de López. Lo que sí sé es que así es imposible luchar contra la corrupción. Si es Andrés Felipe Arias o Alejandro Lyons, independiente del arsenal probatorio, se acusa a la Fiscalía o a la Corte Suprema de Justicia de que fue inoperante y lo dejó escapar. Se exige justicia pronta.
Pero si sabe teatralizar y es del partido Verde, el mismo partido dizque anticorrupción, entonces son adalides de la transparencia, unos próceres perseguidos por el imperio, y salimos a deberles.
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