Doblegar las instituciones

Doblegar las instituciones

Ojalá el presidente Duque no ceda a la presión para firmar la ley de regiones.

22 de mayo 2019 , 07:00 p.m.

No pensé que el representante Germán Navas Talero escogiera una manera tan lánguida y deslucida de terminar su ya larga actividad en el Congreso. No es solo que no estudiara la reforma constitucional de 1968, que debió ser el debate académico de su tiempo, cuando se entendió que la teoría política moderna aconseja que en materias económicas, fiscales y administrativas el legislador debe limitarse a señalar pautas generales al Ejecutivo, posturas que ya habían avanzado Evaristo Sourdis y Alfredo Araújo Grau en la Comisión de Estudios Constitucionales de 1952, e incluso el mismo Carlos Lleras Restrepo desde 1942. Tampoco es solo que se le ocurriera, como a la senadora Paloma Valencia, que el Congreso pueda decidir la destinación del 20 por ciento del presupuesto de inversión. Es mucho más grave e irresponsable que eso.

El representante Navas Talero quería llevarse por delante todo el proceso presupuestal del país con su inicial propuesta para que “las plenarias de las cámaras puedan efectuar modificaciones [todas] o traslados de las partidas… en el proyecto de presupuesto”. Pero además el representante se dio a la tarea de recoger firmas de sus colegas con un falseamiento total del contenido de los estudios de Joachim Wehner del Banco Mundial y de Ian Lienert del Fondo Monetario Internacional que cita en la exposición de motivos de reforma del artículo 351 constitucional. Ingenuo pensar que dos instituciones ortodoxas, por definición, de repente se volverían anárquicas en sus recomendaciones y que su iniciativa pudiera pasar un examen en la Corte Constitucional.

Pero si la creatividad del representante está desbordada, la imaginación muy poco informada de otros parlamentarios y gobernadores no lo es menos con la llamada ley de regiones o de fortalecimiento de las Regiones Administrativas de Planificación. En realidad, léase la intención de crear entidades hechizas para acrecentar los gastos de funcionamiento con un interés específicamente político. Hay ciertos gobernadores que llevan años y décadas creando ilusiones vanas y exprimiendo un discurso regional y de ordenamiento territorial y lo único que se les ocurre es inventarse unas funciones que, por gaseosas, entrarían en competencia con las funciones de departamentos y municipios.

Pero no se limita a eso lo abiertamente inconstitucional. También lo es el propósito, por la puerta de atrás, de correr la cerca y darles facultades de recaudo fiscal, de pellizcar recursos vía la asignación de partidas presupuestales que defina el Gobierno Nacional, de hacerlos sujetos de amplias facultades en materia de operaciones de crédito, de obligar al Gobierno a adoptar una política orientada al desarrollo de unas entidades que no son territoriales y, si eso fuera poco, de sentarlas a ejercer una secretaría técnica en los órganos que definen las regalías, contrariando el artículo 361 constitucional.

Es tal la presión política que, a pesar del concepto negativo que rindió el Ministerio de Hacienda en la administración pasada, el proyecto surtió los cuatro debates en el Congreso y fue enviado hace dos semanas para la firma del presidente. Ojalá el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se pronuncie frente a lo que con seguridad va a ser una vena rota para las finanzas públicas. Y ojalá que un país concentrado en la suerte de un exguerrillero y la debilidad de Duque no lo lleve a firmar ese embeleco. Uno no sabe qué es más grave, si el torpedo ingenuo de Navas Talero o la furtiva acción de congresistas y gobernadores para crear un filón de burocratismo. El único consuelo que queda es que esa ley de regiones podría ser fácilmente demandable por inconstitucional.

Sal de la rutina

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