Dejarse llamar corrupto

Dejarse llamar corrupto

Un auténtico regalo la multimillonaria asesoría de 2.200 millones del exministro Gil Botero a EPM.

18 de septiembre 2020 , 09:25 p. m.

Se necesita carácter, liderazgo y visión estratégica para demandar a los constructores de Hidroituango, como lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esto, a juzgar por la andanada política y mediática que se le vino encima, con revocatoria incluida. No tengo duda de las bondades de la sinergia entre empresa privada y sector público, pero esa relación hay que monitorearla, porque a veces se presta para connivencias, y actualizarla, porque los actores económicos se pluralizan y lo pretendidamente bueno se convierte en reprobable discriminación.

Claro, quisiera también entender el factor humano respecto de unos contratistas que se quebraron el espinazo para sacar adelante el proyecto en su momento más trágico. Pero, como se pregunta el exvicepresidente Vargas Lleras, cómo omitir las implicaciones de la junta directiva de EPM, el gobierno corporativo y los constructores en el colapso del túnel de desvío, de los túneles sin compuertas, de obras sin licencia ambiental, de ocultamiento de información, perjuicios en proyectos previos, disparada de la deuda y una posible responsabilidad por 9,9 billones de pesos.

Por eso, la apuesta de Quintero exige grandes habilidades. Y cuando en campaña me hablaron de su inteligencia y aguantadas de hambre no dudé en apoyarlo desde esta columna. Es que el país necesita liderazgos simbólicos, con drama personal, que inspiren a los jóvenes, y no logreros o lisonjeros.

Pero hay una peligrosa línea que separa las grandes cualidades de un líder simbólico del simple hábil manzanillo, y es la corrupción y el clientelismo. Ahí es donde me surgen ahora inquietudes sobre Quintero.

Lo primero es que se deje llamar corrupto del exalcalde Federico Gutiérrez. ¿Qué es lo que sabe Gutiérrez para decir que están ante el nuevo Samuel Moreno? Hace rato que Quintero debió haber instaurado la denuncia por injuria y calumnia.

Lo segundo son sus alianzas políticas, entre ellas con Gabriel Jaime Rico. ¿Acaso no sabe del desastre que dejó Rico cuando gerenció Plaza Mayor entre 2012 y 2014, como lo documentó extensamente el periódico ‘El Colombiano’ en 2016? ¿Acaso no sabe del “mundo de mentiras” con que engañó a la junta directiva, de la irresponsabilidad en el manejo de dineros, desbarajuste contable y que se perdieron más de 10.000 millones de pesos de todos los medellinenses?

En tercer lugar, es muy preocupante lo que ocurre con el manejo de EPM. Por un lado, incumpliendo sus propias medidas de “austeridad”, el nuevo gerente ha hecho una “personalización” de su oficina en Medellín y la de Bogotá, cuyo costo sobrepasa los 3.000 millones de pesos, como lo denuncia el Sindicato de Profesionales de EPM. Adicionalmente, hay un aumento inusual de la nómina en tiempos de pandemia, con la vinculación de más de 400 empleados, con procesos de selección acelerados, mientras a los funcionarios se los manda de vacaciones para colaborar con la sostenibilidad de la empresa.

Ahora, también o más inquietante son los contratos en procesos de selección de un solo participante, como el de la exconcejal de Bogotá Ángela Garzón, o multimillonarias asesorías jurídicas como con la S. A. S. del exministro Enrique Gil Botero por 2.200 millones de pesos, por 7 meses y en tiempos de pandemia. Un auténtico regalo para una firma con un patrimonio neto de menos de 11 millones de pesos, como si en EPM no hubiera 80 abogados para atender casos en tribunales de Medellín y cercanos.

Llama la atención que sea el mismo personaje que en 2013 votó a favor de la permanencia de su amigo Eduardo Montealegre como fiscal general de la Nación y a quien luego le devolvieron el favor con un contrato por 751 millones en la Fiscalía en 2015. Pero también llama la atención que Gil Botero resida en Madrid, como secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, una organización a la que contribuye el tesoro colombiano, lo que constituiría una inhabilidad del exministro para ejercer la profesión o contratar con empresas públicas.

Antes que concluir, solo quiero preguntarle al gerente de EPM: ¿lo une alguna entrañable amistad con el exministro Gil Botero? Y al alcalde Quintero, trasladarle estos interrogantes y cuestionamientos con la esperanza de obtener una respuesta y que comience por no permitir que le digan corrupto.

John Mario González

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