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La coca progresista no hace daño

Hay una andanada de un poderoso 'lobby' que debilita la actuación del Estado y repercute en la paz.

Si los cultivos ilícitos y el narcotráfico siguen fortaleciendo a los nuevos miles de disidentes o criminales, el país habrá tirado por la alcantarilla años, esfuerzos y billones de pesos en la implementación del acuerdo de paz. Pero los fundamentalistas de la paz, y algunas organizaciones llamadas centros de investigación, que actúan en realidad como poderoso lobby o furibundos políticos, pregonan su infalibilidad. Aluden todo el tiempo a la comunidad internacional, así desconozca las condiciones sobre el terreno; se citan sus mismos documentos, en ocasiones pasquines; operan en gavilla, porque cualquier barbaridad o desatino es culpa de la falta de implementación del acuerdo de paz.
El asunto se torna grave cuando con su obstinación debilitan al Estado, quieren imponer cargas imposibles a la sociedad y al Gobierno o abogan por programas que terminan por favorecer la gasolina de la confrontación armada, esto es el narcotráfico. Claro ejemplo es la andanada de los últimos meses en contra de la aspersión aérea con glifosato y en favor de acentuar la fracasada sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, por mucho que la contratista Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se esfuerce por embellecer.
Es que llama la atención una columna de Rodrigo Uprimny, que tituló ‘La adicción gubernamental a la fumigación’, y su poderosa capacidad de presión a través de Dejusticia, la misma que contribuyera a fundar.
En una bien orquestada división del trabajo, días antes de su columna, Dejusticia y otras organizaciones, en la que es también recurrente el lobby izquierdista de Wola en Washington, enviaron una misiva a relatores de la ONU cuestionando el propósito de reanudar las aspersiones con glifosato. No sería para nada curioso, de no ser porque los burócratas de la ONU recogieron con puntos y comas los argumentos, les cambiaron de logo y, vaya noticia, enviaron ‘contundente’ carta al Gobierno Nacional. Días después, otra noticia era que “expertos piden a Biden no apoyar aspersión con glifosato en Colombia”, donde de nuevo aparece Uprimny, aunque con el logo de la Universidad Nacional.
Claro, se pudiera pensar que no se trata más que de un fecundo columnista y activista si no fuera por ciertas aristas de sus planteamientos. Señala, con todo derecho, que la argumentación contra las fumigaciones es simple porque no son efectivas, tienen graves efectos negativos, existen mejores estrategias y, además, cuestiona que su viabilidad jurídica sea precaria. Pero lo que no menciona es que actores principales para que la Corte Constitucional expidiera la sentencia T-236 de 2017 y el auto 387 de 2019, que fijó requisitos casi insalvables, fueron precisamente Dejusticia y documentos muy cuestionados de Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, a quien también menciona, pero que pasaron de agache, aunque constituyeron “evidencia científica” para la Corte.
Asimismo, cita que en el 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS señaló que el glifosato es probablemente cancerígeno para seres humanos. Lo que omite señalar es que la agencia lo hizo sin sustento científico, tanto que ese documento está ahora a la defensiva después de la publicación en 2018 del estudio ‘Glyphosate Use and Cancer Incidence in the Agricultural Health Study’ del Centro de Sanidad Agrícola de Estados Unidos.
En cuanto a la efectividad o no del glifosato o la existencia de mejores estrategias, donde además cita a Wola, en realidad uno no sabe de dónde sale que de 27 hectáreas asperjadas solo se reduce una, cuando además hay una balumba de argumentos sofísticos o incompletos, como los de Dejusticia, según los cuales una hectárea hay que asperjarla 30 veces.
En realidad, la fumigación aérea no es defensable en sí misma, no creo que el Gobierno logre reanudarla, además de que, en principio, Colombia no debiera recurrir a ella si se tiene en cuenta que es el único país que la ha aplicado en las últimas décadas. Ni siquiera se hizo en Afganistán, cuando Washington presionó entre 2006 y 2007.
Sin embargo, cuando se revisa qué país concentra la producción mundial de cocaína, ocupa los primeros lugares en plantación de minas antipersonales o produce la mayor violencia asociada al narcotráfico; entonces haber renunciado, en la práctica, a la aspersión con glifosato fue un tremendo error. Y funestísimo si, además, miles de campesinos se aprovechan al recibir transferencias y no erradican, otros se convierten en carne de cañón de los criminales que los fuerzan a seguir en el cultivo o, incluso, se termina subsidiando a criminales. Lo pagaremos por décadas, incluidas las vidas de humildes soldados, policías y erradicadores. Claro, a menos que la coca progresista no haga daño.
John Mario González
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