El punto crítico de la consulta anticorrupción

El punto crítico de la consulta anticorrupción

¿Qué sentido tiene gastar plata en la tramitación de un proyecto que será inconstitucional?.

25 de agosto 2018 , 11:39 p.m.

En una columna anterior argumenté que era inconveniente la realización de la consulta anticorrupción y que, por eso, el Senado no debería haber dado el aval para su realización. Me parecía (¡y todavía me parece!) un gasto de recursos públicos absolutamente innecesario que nos habríamos podido ahorrar.

Primero quiero aclarar que me parece un despilfarro no porque esté en desacuerdo con todas las propuestas como tal, sino porque considero que la consulta quedó mal hecha. Y quedó mal hecha principalmente por dos razones. La primera es que algunos de los puntos de la consulta, como lo argumenté en mi columna anterior, no se pueden realizar a través de este mecanismo jurídico, pues la ley así lo prohíbe. Por tanto, en caso de que esos puntos sean aprobados, muy seguramente terminarán siendo inconstitucionales por no cumplir con los requisitos para su formación. ¿Qué sentido tiene gastar plata en la tramitación de un proyecto que va a terminar siendo inconstitucional? La segunda razón es que la tercera pregunta, por su redacción, podría tener consecuencias graves para la eficiencia administrativa y las finanzas públicas.

El mandato 3 de la consulta pide “institucionalizar la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo (…) en todo tipo de contrato con recursos públicos”. Tal y como quedó redactada, la pregunta impondría la obligación a todas las entidades públicas de realizar procesos con pliegos tipo para cualquier contrato sin importar el objeto ni la cuantía.

Por lo que argumentan los promotores y defensores de la consulta, lo que se quería en este punto es que no solo en los contratos de obra pública se tengan que usar pliegos tipo sino en el resto de los contratos que se adelanten mediante el proceso de licitación pública. Esto con el fin de evitar que se amañen las condiciones a contratar favoreciendo solo a uno de los proponentes. Sin embargo, por la redacción de la pregunta, el alcance sería mucho mayor, pues se obligaría a las entidades a utilizar pliegos tipo en todo contrato que realice cualquier entidad pública con recursos públicos.

Las consecuencias de esto son varias. Primero, se mete en el paquete a entidades que están exentas del régimen general de contratación estatal, como lo son algunas empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, que tienen que estar por fuera de este régimen para poder ser competitivas. Obligarlas a usar este tipo de pliegos les implicaría la realización de procesos de contratación más engorrosos, demorados y costosos, lo que las dejaría en desventaja frente a entidades del sector privado que no tengan que seguir ese tipo de contratación.

Segundo, se acabaría con procesos de contratación expeditos y que se requieren en ciertos casos como los de contratación directa, mínima cuantía y, en algunos casos, la selección abreviada. Esto sería tremendamente costoso y obligaría a las distintas entidades del Estado a adelantar procesos con pliegos tipo hasta para contratar en casos de urgencia manifiesta en la que se requiere de un proceso mucho más veloz para poder reaccionar frente a ciertas emergencias.

Tercero, se le impondría al gobierno una obligación de elaborar pliegos tipo para una exagerada cantidad de contratos, lo que desborda su capacidad. Colombia Compra Eficiente no ha terminado la elaboración de pliegos tipo para los contratos que establece la Ley 1882 de 2018, y se quiere imponer la obligación de realizar estos documentos para cualquier contrato que el Estado celebre. Ese proceso podría tardar demasiados años y no tiene en cuenta la capacidad de dicha entidad para cumplir con la carga propuesta.

No creo, por lo que he oído de los promotores de la consulta, que este sea el propósito de la pregunta. No obstante, si el pueblo aprueba este punto como está redactado, el legislador tendrá que seguir esa voluntad y expedir las leyes correspondientes con sus graves consecuencias.

Por eso creo que es mucho mejor apoyar el proyecto que radicó el gobierno Duque en esta materia, en el cual se busca modificar la ley con el fin de que se obligue a usar pliegos tipo en “todo proceso de selección que mediante licitación pública deba adelantarse por cualquier entidad de derecho público”. Ese proyecto corrige el error en la redacción, logra el propósito de evitar escoger a dedo al contratista en los contratos más importantes, exime de procesos lentos y engorrosos a las entidades que están en competencia con el sector privado y deja vigentes procesos de selección rápidos y eficientes que son importantes y necesarios en muchos casos.

Más allá de si se apoya o no la consulta, los colombianos deberían decirle no a este punto en específico, pues lo que se quiere ahorrar en materia de corrupción se gastaría en la realización de procesos excesivamente lentos, costosos y muchas veces innecesarios.

JOAQUÍN VÉLEZ NAVARRO

Columnistas

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