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¿Senado nacional o regional?

Urge reemplazar circunscripción nacional por circunscripciones regionales que elijan a senadores.

Jaime Castro
Nuestra más alta autoridad legislativa representó siempre las áreas geográficas en que dividíamos el territorio por razones administrativas o políticas, por lo cual sus miembros fueron voceros de los departamentos, la mayor parte del tiempo, y de los Estados soberanos cuando fuimos federalistas.
En todas partes, con pocas excepciones, los senados o segundas cámaras se integran con base en consideraciones preponderante o exclusivamente territoriales. El nuestro, por decisión equivocada de la Constituyente del 91, que cambió lo anotado para disponer que los senadores fuesen elegidos en una circunscripción nacional, ha perdido legitimidad y representatividad regional, pues departamentos como San Andrés y Providencia, Quindío, Chocó y los de la Amazonia y la Orinoquia, salvo el Meta, después de 1991, no han logrado elegir a sus propios candidatos como miembros de esa alta corporación. Así lo advertimos los 14 constituyentes que votamos contra esa nueva forma de integración del Senado.
La circunscripción nacional también ha corrompido, aún más, la política nacional y territorial, porque buen número de candidatos consiguen los votos para su elección con los que ‘pescan’ en departamentos que ni siquiera conocen, pero en los que financian listas a la Cámara que votan por ellos a cambio de los miles de millones que cobran por esa ayuda electoral. Por eso, muchas curules del Senado cuestan más de 5.000 millones de pesos. Quienes así resultan elegidos seguramente utilizan la investidura para recuperar la inversión que hicieron y también para fondear futuras campañas y enriquecerse personalmente.
Por razones, entonces, de soberanía e integridad del territorio nacional, pues la mayoría de los departamentos que carecen de representación en el Senado son regiones fronterizas, y porque conviene combatir toda forma de corrupción, urge reemplazar la circunscripción nacional por circunscripciones regionales que elijan senadores, en proporción a su población y que, además, faciliten la eliminación del voto preferente, dado que sus listas serían de relativamente pocos renglones.
Propuestas comparables se formularon antes, pero no fueron aprobadas por las situaciones que se vivían cuando fueron presentadas. Ahora, afortunadamente, la coyuntura es favorable. El Gobierno y los partidos –oficialistas, independientes y de oposición– han decidido luchar contra la corrupción, y los departamentos han creado regiones administrativas y de planificación (RAP), que pueden hacer las veces de circunscripciones senatoriales. Ya operan, en efecto, la región Caribe que integran San Andrés y Providencia, La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. La región Pacifico, que conforman el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. La región Central, de la que forman parte Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá. Y la región Eje Cafetero, que constituyen Caldas, Risaralda y Quindío. Ahí está la mayoría del país en población, PIB nacional y número de municipios. Faltan por crear las RAP de la Orinoquia (Meta, Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía y Vichada) y la Amazonia (Huila, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés).
El paso más importante para la creación de las circunscripciones regionales –su delimitación territorial– ya lo dieron los departamentos por su propia voluntad, sin imposición de nadie. Antioquía y los Santanderes decidirán a que región pertenecen o cuál nueva conformarían, lo cual puede conducir, aunque no es forzoso, a que se modifiquen algunas de las RAP existentes. San Andrés y Providencia debe ser circunscripción senatorial. Y la especial de las comunidades étnicas debe conservarse.
Si no se toman decisiones de fondo como esta, que de verdad eliminen caldos de cultivo de conductas delictivas, la cruzada anticorrupción puede terminar siendo un canto a la bandera.
JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co
Jaime Castro
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