¿Polarización o crispación política?

¿Polarización o crispación política?

Estamos dándole tanto voltaje a la polarización que la convertiremos en aguda crispación política.

21 de julio 2019 , 12:39 a.m.

Nuestras agudas controversias superan las diferencias personales que puede haber entre los principales actores del acontecer político. Se originan en el proceso de paz Santos-Farc, que no fue el primero de los que hemos adelantado ni será el último, pues somos “país de paces” y hemos tenido “guerra verdadera y varias paces artificiales”.

Por eso conviene compararlo con el del Frente Nacional, que terminó la Violencia de mediados del siglo XX, y el que consiguió la desmovilización del M-19, que lograron la reincorporación de los rebeldes a la vida democrática y pacífica de la nación y la recuperación del ordenamiento institucional, decisiones que el pueblo refrendó con el plebiscito de 1957 y la elección de la Constituyente del 91. Las normas promulgadas en esos dos casos fueron reformadas varias veces, sin que sus autores alegaran violación de lo pactado originalmente.

El Acuerdo Final del 2016, por el contrario, fue una determinación de los plenipotenciarios oficiales y los comandantes de las Farc que actuaron como asamblea constituyente y legislativa, porque hasta sus comunicados de prensa fueron convertidos en normas jurídicas: seis reformas constitucionales expedidas mediante un procedimiento –‘fast track’– que cambió las reglas de juego vigentes para su tramitación y aprobación, 5 leyes y 35 decretos ley que desarrollaron las 310 páginas del Acuerdo y definen la agenda política, económica y social de varios gobiernos. Además, ordenó hacer lo que no hemos hecho en 200 años. Como, según López Michelsen, “la revolución no se hace por decreto”, decidieron hacerla por acuerdo. También amañaron las reglas de juego del plebiscito en el que el pueblo no ratificó el texto sometido a su aprobación.

Pretendieron, igualmente, “darle estabilidad jurídica a lo pactado”, blindar la nueva normativa, que declararon intocable e inmodificable. Lo reconoce De la Calle cuando anota que como no sabían “cuál es la fuerza jurídica de un acuerdo de paz”, optaron por “precaria y múltiple respuesta”: lo enviaron a organismos internacionales, lo calificaron como acuerdo especial de los Convenios de Ginebra y lo volvieron norma constitucional. Pero, como el tema “sigue en la penumbra”, el exjefe negociador propone ahora una ‘lex pacificatoria’, “acuerdos de detalle” y “reglamentación adicional” para perfeccionar el Acuerdo y permitirle “sobrellevar sus dificultades inevitables”, sin hacerle ninguna reforma ni los ajustes que requiera. Aunque dicha ley es institución “apenas en ciernes”, según De la Calle, debe aprobarse.

Las anotadas fueron, entre otras, las razones por las que el pueblo ganó la votación del plebiscito, el Gobierno no convocó el referendo que tenía la obligación de convocar (acto legislativo 1/2016, art. 5.°), pues temió una nueva derrota, los partidos que defienden lo pactado perdieron las parlamentarias del 2018 –redujeron sus curules en el Senado– y las presidenciales del mismo año. Y explican por qué tenemos un ordenamiento jurídicamente válido pero políticamente ilegítimo, pues no cuenta con la aceptación, la confianza, la credibilidad ni el respaldo mayoritarios de la opinión.

Conviene legitimar y nacionalizar ese ordenamiento. Los más interesados en hacerlo deberían ser sus más decididos partidarios. Sin embargo, se oponen a que ello ocurra. Les dieron manejo político, no jurídico, a las objeciones de la ley de la JEP y promueven acciones judiciales para crear las 16 curules nuevas en la Cámara de Representantes que el Senado negó durante el gobierno Santos. Estamos dándole tanto voltaje a la polarización que la convertiremos en aguda crispación política.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

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