Objeciones inobjetables

Objeciones inobjetables

JEP debe ejercer sus funciones normalmente, porque las objeciones no la entorpecen ni la paralizan.

10 de marzo 2019 , 12:00 a.m.

Partidos, jefes políticos y comentaristas interesados consideran equivocado en materia grave objetar el proyecto de ley sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), porque se comprometerían la existencia, la estabilidad y el normal funcionamiento de esa jurisdicción, así como la implementación del acuerdo negociado en La Habana. Sin que se conozcan esas posibles objeciones, se cuestiona que el gobierno Duque pueda ejercer una atribución que siempre ha hecho parte de nuestros ordenamientos superiores.

La Constitución dispone, en efecto, que “corresponde al Gobierno... concurrir a la formación de las leyes... ejerciendo el derecho” de objetar los proyectos que no comparta por razones de inconstitucionalidad o inconveniencia. Se establece así un valioso mecanismo de colaboración armónica entre el Ejecutivo y el Legislativo: el primero participa en la elaboración de las leyes cuando objeta, total o parcialmente, los textos que aprueben las cámaras. Y lo puede hacer en relación con “cualquier proyecto”, independientemente de que se trate de leyes ordinarias, orgánicas o estatutarias. Donde la Constitución no distingue, no le es permitido hacerlo a su intérprete, dicen quienes saben de estos temas.

Argumentan también contradictores conocedores de las últimas decisiones oficiales que el proyecto fue revisado por la Corte Constitucional y declarado jurídicamente válido, con múltiples excepciones. No agregan, sin embargo, que tal revisión versó únicamente sobre la constitucionalidad del texto aprobado por el Congreso y que la Corte, igualmente, decidió que eran contrarios a la Constitución 47 de los 162 artículos que integran el proyecto.

Tumbó el texto completo de varios artículos, apartes, expresiones o palabras de otros artículos y decretó constitucionalidades condicionadas cuando ordenó cómo deberían entenderse y aplicarse algunas de sus disposiciones. En razón de lo anotado, las objeciones de que se habla serían por inconveniencia de las normas que han recibido serios reparos de sectores de opinión, del Fiscal General, y las tendrían del Gobierno. ¿Cuáles serían esas inconveniencias? Seguramente serán expuestas con claridad y precisión en el correspondiente escrito ante el país, el Congreso, la Corte Constitucional y la JEP.

Como en esta ocasión, contraargumentan, estaría en juego la suerte del proceso de paz adelantado con las Farc, conviene recordar que el gobierno Santos objetó por razones de inconveniencia un proyecto de ley estatutaria que había sido declarado constitucional por la Corte y que el Congreso aprobó las objeciones hechas a texto que permitía la reelección de determinados servidores públicos.

No sobra agregar que, con o sin objeciones, la JEP debe ejercer sus funciones normalmente, porque las varias veces citadas objeciones no la entorpecen ni paralizan; ni que, aunque parezca paradójico, sin ellas la JEP puede ampliar su capacidad interpretativa y sus atribuciones mientras el Congreso decide si acepta o no las objeciones, pues en tal caso solo estaría sometida al imperio de la Constitución, sin las condiciones y limitaciones que puede ordenar la ley.

Tampoco sobra pedir coherencia a quienes consideran que las objeciones de ahora causarían un verdadero estropicio político-institucional, porque algunos de ellos fueron autores o respaldaron políticamente unas decisiones que amañaron fundamentales reglas de juego de todo Estado de derecho. Por ejemplo, las que definen cómo se reforman la Constitución y la ley y que fueron cambiadas con el ‘fast track’, y las que fijaban el umbral y las mayorías necesarias para la aprobación de los plebiscitos, y que también fueron modificadas para garantizar el triunfo del que proponía el gobierno de turno. Quienes incurren en esas contradicciones no defienden entonces puntos de vista jurídicos. Son oposición que no se atreve a decir su nombre.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

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