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Necesitamos una nueva constitución

Necesitamos una nueva constitución

La Constituyente puede ocuparse válidamente de las que bien pueden llamarse asignaturas pendientes.

25 de agosto 2021 , 08:00 p. m.

Las graves situaciones que afrontamos tienen origen político. Su solución exige una reforma político-institucional sobre la que no hay acuerdo. Unos piden que acudamos a fórmulas conocidas: consulta popular, referendo, plebiscito y conmoción interior. Otros preferimos la expedición de una nueva carta política.

¿Ese nuevo ordenamiento lo debe dictar el Congreso o una nueva constituyente? Es el debate que no se adelanta. Por eso vale la pena analizar las ventajas que tendría una constituyente.

La carta del 91 fue expedida por una asamblea que cambió el mapa político del país: aparecieron movimientos cívicos, independientes y comunitarios. Pero las entidades territoriales cayeron en manos de camarillas y clanes familiares que se comportan como mafias políticas y explican la corrupción y los malos manejos que se conocen, conductas que también obedecen al propósito de recuperar los gastos de las costosas campañas que hicieron, a veces con el aporte de terceros ilegales, para la elección del candidato y hasta la de los familiares de uno y otros.

No cambiamos las reglas de juego para acceder al poder y controlarlo, cuando se necesita una seria reforma política y electoral a nivel regional y local, capítulo bien importante del cambio institucional que necesitamos. Si no reformamos la raíz del poder que está en municipios y departamentos, no reformamos la política nacional, que para muchos depende de las clientelas que hayan organizado territorialmente y del número de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores que controlen en lo que es su hábitat político.

Vivimos una situación comparable a la que tuvo Chile y que superó con el acuerdo que celebró para reemplazar su Constitución de 1980.

Son dos los grandes temas que la Constituyente del 91 y las reformas que para ellos ha ordenado el Congreso no hemos podido resolver: las administraciones judicial y territorial. En cuanto a la primera, el plebiscito de 1957 adoptó una valiosa decisión: con la cooptación en las altas cortes separó orgánicamente la relación política- justicia, que seguramente necesitaba reformas, pero decidimos establecer un cordón umbilical entre ellas, con la creación del Consejo de la Judicatura.

Sobre la administración territorial, las decisiones las toma el Congreso, que no acepta cambiar la circunscripción nacional para el Senado, o sea, listas de cien candidatos, así como también las hay numerosas para la Cámara, las asambleas seccionales y los concejos municipales. No acepta listas a escala humana ni que se elimine el voto preferente. Estos poderosos intereses no permiten adelantar el debate correspondiente.

Vivimos una situación comparable a la que tuvo Chile y que superó con el acuerdo que celebró para reemplazar su Constitución de 1980.

Las reformas que haga el Congreso las puede tumbar la Corte Constitucional, que ha declarado inexequibles varios actos legislativos. En cambio, la Constituyente se puede inmunizar contra ese tipo de riesgos y garantiza una reforma integral y no con cuentagotas, como la harían las Cámaras. El Congreso, con sus equivocaciones en la mayoría de las 63 reformas que le ha hecho a la carta del 91, ha perdido autoridad para seguir siendo el cuerpo constituyente de la Nación. Solo la Constituyente puede ocuparse válidamente de las que bien pueden llamarse asignaturas pendientes.

No se está debatiendo la reforma político-institucional, no obstante su importancia y que las elecciones presidenciales y parlamentarias constituyen una ocasión propicia para adelantarlo. ¿La debe debatir, tramitar y aprobar el Congreso, que se ha equivocado con la mayoría de las 63 reformas que le ha hecho a la carta del 91, o una constituyente? Procedemos como si al tema le hubiésemos colocado el cartel que a veces advierte en algunas habitaciones de los hospitales: ‘Silencio, enfermo grave’.

JAIME CASTRO

(Lea todas las columnas de Jaime Castro en EL TIEMPO, aquí)

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