Narcotráfico, gasolina de la guerra

Narcotráfico, gasolina de la guerra

Lo que se requiere es remover las situaciones que entorpecen los desarrollos del proceso en curso.

23 de agosto 2019 , 08:11 p.m.

Como la agenda de las negociaciones advirtió que “para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas”, el Acuerdo Final adoptó decisiones que desarrollaron ideas y propuestas de las Farc. Decidió que el narcotráfico era conexo con los delitos políticos cometidos por los rebeldes, sus familiares y terceras personas, no miembros de la guerrilla, y dispuso que quienes hubiesen narcotraficado por razones políticas serían amnistiados o indultados y no extraditados.

También decidió priorizar la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y suspender su aspersión aérea. Urgía ordenarlo así porque “la paz no será sostenible mientras existan cultivos de coca”, según Rafael Pardo, quien dirigió el Programa Presidencial de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pinis), cuyos resultados fueron perversos, como lo reconoció el Gobierno. “Se ha dicho que el aumento de los cultivos en los últimos años obedece a la supresión de la aspersión aérea (...) Puede que así sea en parte, pero el grueso de ese aumento se debe, y asumo la responsabilidad por ello, al estímulo que produjo el beneficio económico ofrecido a quienes los sustituyesen” (presidente Santos). “Los campesinos y cultivadores aumentaron la siembra e involucraron más áreas para acceder a los recursos que el Estado prometió otorgar” (canciller María Ángela Holguín).

Amnistía, indulto, no extradición, prelación de la sustitución voluntaria y suspensión de la aspersión aérea contribuyeron al crecimiento exponencial de los cultivos y producción de cocaína

Amnistía, indulto, no extradición, prelación de la sustitución voluntaria y suspensión de la aspersión aérea contribuyeron al crecimiento exponencial de los cultivos y la producción de cocaína, y a que el condenable asesinato de los líderes sociales amenace la seguridad nacional. Así lo consideran calificados analistas y autoridades como Naciones Unidas, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Aumentaron tanto los cultivos de coca que llegaron a ocupar más de 200.000 hectáreas, tendencia que afortunadamente se invirtió: “Es la primera vez en cinco años que hay una reducción” de dichas hectáreas. También se ha castigado la producción de cocaína.

Además, “las economías ilícitas, que incluyen las drogas y la minería ilegal, son una amenaza para el proceso de paz... el 80 por ciento de los desplazamientos y los homicidios ocurridos en 2018 en el marco del conflicto ocurrieron en municipios afectados con cultivos ilegales... y el 98 por ciento de los asesinatos de líderes sociales se localizan en zonas donde existen tales cultivos y sus cadenas de procesamiento”. Por eso, los mayores responsables de los referidos asesinatos “son grupos organizados armados que persiguen poder territorial para controlar los corredores del narcotráfico”.

El capítulo del acuerdo aquí resumido constituye, igualmente, mensaje equivocado al mundo del narcotráfico. Es válido suponer que quienes están o esperan llegar a él también piensen que si a las Farc y sus allegados les dieron tantas ventajas, a ellos algún día les otorgarán un tratamiento comparable, aunque sean miembros de estructuras criminales que declaren pertenecer a organizaciones políticas. Tiene razón, por ello, la Delegación de la Cruz Roja en Colombia cuando afirma que “la cocaína es la gasolina de la guerra” y cuenta que un negociador en La Habana dijo: “Si no logramos solucionar el problema de las drogas, todo esto fue muy poco útil”, reflexión pertinente, porque la paz no se logra diciendo que lo pactado es intocable e inmodificable, pues lo que se requiere es identificar y remover las situaciones que entorpecen los desarrollos del proceso en curso y las que pueda haber más adelante, como lo acaba de hacer el Congreso, que, a solicitud del gobierno Duque, dispuso que nunca más el narcotráfico sea considerado conexo con el delito político (acto legislativo 02 de 2019).

jcastro@cable.net.co

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