Nacionalizar la JEP

Nacionalizar la JEP

Hay que celebrar un pacto político para que la JEP pueda funcionar en un clima de plena normalidad.

24 de marzo 2019 , 12:36 a.m.

Como en La Habana tenía que acordarse un sistema de justicia transicional, el Congreso aprobó el marco jurídico para la paz (acto legislativo 01 de 2012), que no creó un aparato judicial diferente del que conforma la Rama Judicial ni habló de una jurisdicción especial; con otras palabras, de la JEP. Dispuso que los autores de “crímenes de lesa humanidad no podrán participar en política ni ser elegidos”. Tampoco ordenó que sus normas se aplicaran a los miembros de la Fuerza Pública. 

Reformas constitucionales contemporáneas o posteriores a la que se acaba de citar reiteraron que la Corte Suprema juzgaría “a los generales y almirantes” y que de los delitos cometidos por militares y policías conocerían “las cortes marciales o tribunales militares” (actos legislativos 6 de 2011, 02 de 2012 y 01 de 2015).

Cuando los voceros del Gobierno presentaron y defendieron en Cuba el referido marco, las Farc lo descalificaron por ser un acto unilateral del establecimiento y exigieron que la llamada justicia transicional se acordara con ellas, como finalmente ocurrió. Como los delegados de las dos partes no lograron ponerse de acuerdo, el presidente Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, crearon una mesa de negociación paralela que, por las Farc, integraron Enrique Santiago, Álvaro Leyva y Danilo Medina, y por el Gobierno, Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao y Douglas Casell, abogado gringo que litigó contra el Estado colombiano en el caso de San Francisco, Arauca.

Tal vez porque se sintió “destituido”, el Dr. De la Calle, según cuenta ahora, se molestó con la citada mesa: “Presenté mi renuncia”. A pesar de ello, los nuevos comisionados diseñaron el sistema vigente de verdad, justicia, reparación y no repetición, que voceros de las Farc elogian porque, dicen ellos, fue creado por los insurgentes y servirá de ejemplo para el mundo, pues nunca antes se había logrado algo comparable. El Congreso convirtió en reforma constitucional (acto legislativo 01 de 2017) la fórmula de los ‘constituyentes’ reunidos en Cuba y aprobó el proyecto de ley estatutaria de la JEP –pieza maestra de lo que se negoció–, que el Gobierno objetó por razones de inconveniencia.

A este resumen histórico de la JEP agréguense los intensos y ácidos debates que en distintos escenarios y con diferentes actores han tenido lugar durante ya cerca de dos lustros y muestran la complejidad política y jurídica del tema. Estos debates explican los problemas que ha tenido y seguirá teniendo la JEP si continua apareciendo como creación de un gobierno y unos partidos en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía expresada repetidamente en las urnas porque no acepta que el juez tenga la confianza de quienes puedan ser investigados y sancionados, cuando lo que debe tener es la de todo el país.

Conviene por ello nacionalizar la JEP mediante los acuerdos que le aseguren la credibilidad que debe tener frente a la sociedad, garanticen la conducta intachable de sus funcionarios y la certeza de que el ejercicio de sus atribuciones no genera impunidad. Para conseguirlo existe una disposición conciliadora del Gobierno. Lo ha puesto de presente en sus intervenciones el presidente Duque. Es válida también la idea de Sergio Jaramillo, negociador de Santos en La Habana: celebrar un pacto político para que dicha jurisdicción tenga las condiciones que le permitan funcionar en un clima de plena normalidad. No contribuyen en nada al logro de esta loable finalidad quienes por razones de mera coyuntura política consideran que las objeciones presentadas atentan contra la paz, la democracia, el Estado de derecho, la unidad nacional; pretenden colapsar la JEP y constituyen un desacato a la Corte Constitucional.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

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