Mafias políticas se tomaron entidades territoriales

Mafias políticas se tomaron entidades territoriales

La descentralización se inició como una reforma política de repercusiones sociales y económicas.

29 de julio 2018 , 01:00 a.m.

La descentralización fue concebida y puesta en marcha como una reforma política de importantes repercusiones sociales y económicas. Debía democratizar la vida pública local y regional, mejorar las condiciones y la calidad de vida de los colombianos, particularmente las de los más necesitados, y asegurar la inversión pública sin politiquería ni ‘mermelada’ en todo el territorio nacional. Para lograrlo se asignaron nuevas funciones a municipios, departamentos y distritos y se incrementaron sus ingresos propios y las transferencias que reciben del Gobierno central. Estudios del Banco Mundial y Planeación Nacional establecieron que durante sus primeros años produjo buenos resultados. No todos los que se esperaban, pero suficientes para entender que ese era el camino y que debía mejorarse corrigiendo los errores que pudieron cometerse, removiendo obstáculos e imprevistos, así como sus resultados perversos, y dándole nuevos desarrollos.

Pero nada de lo anterior tuvo lugar porque la clase política que tiene asiento en el Congreso, cuando se dio cuenta de que en las empoderadas entidades territoriales había puestos para proveer, contratos para celebrar y decisiones para favorecer a sus clientelas, resolvió tomarse sus gobiernos y administraciones mediante la elección de familiares cercanos y amigos incondicionales como ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Invirtió en las elecciones seccionales cuantiosos recursos, otorgó caprichosamente los avales que monopolizan sus partidos y trasladó a ellas todo su saber político-electoral. Municipios, departamentos y distritos, en la mayoría o en buen número de casos, cayeron en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas, se convirtieron en feudos podridos y son ejemplo de corrupción que manejan conocidos caciques y barones electorales.

Lo anotado prueba que la descentralización, o sea, el reparto territorial del poder administrativo del Estado, no genera per se la corrupción que le atribuyen quienes también piensan que sin ella no habría corrupción en las entidades territoriales, cuando lo que ocurrió fue lo contrario: la clase política nacional trasladó a dichas entidades la corrupción que ha invadido todo el sistema político. Por ello, también hace aportes cuantiosos a municipios, departamentos y distritos gracias a los cupos indicativos, en buen romance ‘mermelada’, que valen miles de millones y el Gobierno central asigna a los congresistas amigos para obras y servicios. De esa manera, la corrupción de los diferentes niveles se retroalimenta.

La solución del problema, que es político, no administrativo ni fiscal, porque las entidades territoriales tienen competencias y recursos que les permiten ejercer razonablemente sus funciones, exige la adopción de nuevas reglas de juego para acceder al poder local y regional, ejercerlo y controlarlo, o sea, expedir una reforma política territorial que debe ser el capítulo más importante de la reforma política nacional, porque sin la primera no habrá la segunda. Las instancias decisorias en la materia, infortunadamente, no hacen ese gran cambio. El Gobierno Nacional ni siquiera la propone porque compromete sus mayorías en las cámaras si atenta contra situaciones que benefician a senadores y representantes. Los partidos tampoco lo hacen porque en ellos mandan y deciden esos mismos parlamentarios. Y el Congreso, por idénticas razones, no se ocupa del asunto aunque es una de las claves de la guerra o de la paz (López Michelsen).

Este es otro de los grandes retos que tiene el gobierno Duque. Lo que logre condiciona el éxito del posconflicto, que también depende de la nueva institucionalidad que se cree en las regiones más afectadas por el conflicto.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

Columnistas

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