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Limbo institucional

Limbo institucional

Falta el instrumento político institucional para manejar la explosión social de los últimos tiempos.

23 de septiembre 2021 , 08:00 p. m.

A fines de los 90 del siglo pasado, nuestro sistema político había perdido la capacidad que siempre tuvo para interpretar las situaciones en que debía gobernar. La Constitución de 1886 rigió más de 100 años porque a tiempo le introdujimos importantes reformas (1910, 1946, 1945, 1957 y 1968), pero habían fracasado la constituyente de López Michelsen, la reforma Turbay de 1979 y los proyectos Betancur y Barco.

(Lea además: Necesitamos una nueva constitución)

Ahora estamos en situación comparable porque nos falta el instrumento político institucional que requerimos para manejar la explosión social de los últimos tiempos. No nos sirven la consulta popular, el referendo, el plebiscito ni los estados de excepción utilizados en emergencias anteriores. Y no hemos tenido valor para acudir al ordenamiento que requerimos para salir del limbo en que estamos y que no ha podido ni podrá expedir el Congreso.

Ese nuevo ordenamiento debe hacer parte o ser desarrollo de la nueva carta política que expida la Constituyente que sea convocada por acuerdo político de carácter nacional, no partidista, que celebren, no de manera exclusiva, el Gobierno y el Congreso actuales, aunque tomen las decisiones que le den vida, porque también participarían en su creación el Gobierno y el Congreso que elijamos el año entrante, en cuyos períodos se reuniría. Así debe ser porque necesitamos rehacer el Estado. En Chile, ese carácter nacional también se garantizó disponiendo que su Constituyente decida con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y que la nueva Constitución solo empiece a regir cuando el pueblo la refrende en las urnas.

Por los errores que ha cometido con las 63 reformas que le ha hecho a la carta del 91, el Congreso perdió autoridad política para seguir siendo un cuerpo constituyente de la Nación. Tiene que compartir el ejercicio de esa atribución con otras instancias. La gran reforma que requerimos la debe expedir, entonces, la Constituyente que exprese nuestras aspiraciones y nos facilite manejar situaciones que nunca habíamos tenido.

La Constitución del 91 cumplió su cometido y propósitos. Sirvió durante 30 años en los que afrontamos crisis no tan graves como la de ahora. El Congreso ya probó que no puede reformarla para esos efectos. Tampoco puede estar sujeta a las modificaciones que por acción de tutela disponga la Corte ni a las órdenes que los voceros del Gobierno y la subversión, en cualquier otro nuevo proceso de paz, impartan al Congreso como lo hacía De la Calle desde La Habana.

La Constitución del 91 cumplió su cometido y propósitos. Sirvió durante 30 años en los que afrontamos crisis no tan graves como la de ahora.

Amplios sectores de opinión no se sienten representados por el Congreso ni tienen interés en participar en su elección. Lo consideran ilegítimo y reducto de una clase política desprestigiada, situación que seguramente no se presentará con la votación de si hay o no Constituyente, como ocurrió en Chile, donde esa misma elección tuvo índices históricos de participación en las urnas. Entre nosotros, por las características de la protesta social y las frecuentes perturbaciones del orden público, debe suceder algo parecido.

Constitución que no es pacto social para amplios sectores de opinión es una situación insostenible por mucho tiempo. Las instancias decisorias –Gobierno, Congreso, partidos y animadores de la protesta social– no pueden guardar silencio ante los retos que deben asumir, dadas las situaciones de guerra civil no declarada que soportamos y las frecuentes alteraciones del orden público. Tienen que decir cómo saldremos del limbo institucional que padecemos para que de ellas no se pueda decir lo que anotó Churchill en vísperas de la Primera Guerra Mundial: época de grandes acontecimientos y pequeños hombres.

JAIME CASTRO

(Lea todas las columnas de Jaime Castro en EL TIEMPO, aquí)

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