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Implementación compleja

El Gobierno y sus delegados en La Habana compraron la idea de las Farc y de sus cercanos.

Jaime Castro
El Gobierno y sus delegados en La Habana compraron la idea de las Farc y de quienes les son políticamente cercanos: en Colombia hay violencia, guerrilla y conflicto armado, porque nuestra sociedad injusta, que no combate la pobreza ni les da tierra a los campesinos, persigue a las comunidades étnicas y afrodescendientes, problemas todos que es necesario erradicar para lograr la paz.

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Este punto de vista, común a los negociadores de las dos partes, explica la duración de las conversaciones en Cuba y que el acuerdo suscrito trate los temas propios de toda agenda pública: reforma rural que define el acceso y uso de 10 millones de hectáreas, pide organizar nuevas zonas de reserva campesina, ordena planes de desarrollo subsidiados para 170 municipios, decreta garantías para el ejercicio de la oposición y la participación política, crea 16 curules adicionales en la Cámara, otorga amnistía e indultos para los rebeldes, que tendrán además jurisdicción especial (JEP), y prevé la sustitución de los cultivos de uso ilícito, así como la solución del problema del narcotráfico.
Explica también que el desarrollo de esos temas haya exigido 310 páginas, que contrastan con las dos o tres de nuestros últimos exitosos procesos de paz: el que terminó la guerra civil de liberales y conservadores en los años 50 y el que tuvo lugar con el M-19 después del asalto narcoterrorista al Palacio de Justicia.
El instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, comisionado por Gobierno y Farc para evaluar el cumplimiento de las 310 páginas, estableció que el acuerdo Santos-‘Timochenko’ creó 588 obligaciones o deberes, que llama “disposiciones” y cuya inmensa mayoría están a cargo del Gobierno y agencias suyas.
El citado acuerdo, por su naturaleza, es un documento político que obliga al Gobierno, no al Estado, que también lo conforman el Congreso y la Rama Judicial. Lo ha repetido la Corte Constitucional. Cuando el Congreso haya expedido las reformas constitucionales y leyes que requieran de esa formalidad y que la Corte haya validado jurídicamente se estará en presencia de documentos que comprometen y obligan al Estado, antes no. Mientras ello no ocurra, los proyectos del Gobierno son iniciativas suyas que el Congreso puede aprobar, negar o reformar. Si las aprueba, la Corte puede tumbarlas o precisar su contenido y alcance. Con otras palabras, lo que el Gobierno haya acordado no obliga al Congreso ni a la Corte.
La gran mayoría del acuerdo ha sido implementada por el Congreso, que con ese fin expidió 5 reformas constitucionales que modifican más de 50 textos de la Carta del 91, que fue otro tratado de paz, y varias leyes. Con el mismo propósito, el Gobierno dicto 37 decretos leyes. Y la Corte Constitucional, con cambios importantes como en el caso de la JEP, ha validado lo decidido por las cámaras y el Ejecutivo.
Capítulo importante del proceso es la ejecución de los compromisos del acuerdo, que depende de factores como la capacidad operativa del aparato estatal y sus finanzas públicas. El Gobierno cree que sus obligaciones cuestan 130 billones, pero Fedesarrollo las valora en más de 200. ¿Dónde están esos recursos y cómo se van a arbitrar?
Importa anotar, igualmente, que el acuerdo no está blindado, como piensan algunos, porque sus disposiciones y las que lo implementan no son inmodificables ni regirán todo durante el tiempo en ellas previsto, pues en agosto próximo el Gobierno y el Congreso, en pleno uso de sus facultades, pueden ordenar balance razonable de los resultados del proceso para decidir qué temas o capítulos se mantienen y cuáles podrán desaparecer o ser objeto de modificaciones en función de lo que más convenga al interés nacional.
JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co
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Jaime Castro
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