¿Fracasó la sustitución voluntaria?

¿Fracasó la sustitución voluntaria?

En el diseño y la ejecución de la estrategia se han cometido serias equivocaciones.

18 de febrero 2018 , 01:08 a.m.

Pieza maestra del Gobierno “para la solución del problema de las drogas” es la sustitución voluntaria y manual de los cultivos de uso ilícito. El documento Conpes 3669 de 2010 creó programas de desarrollo alternativo –inversión social e infraestructura– para las “áreas afectadas con tales cultivos o en riesgo de estarlo”.

El Acuerdo Final con las Farc autorizó la celebración de contratos con las comunidades y las familias cocaleras que reciben, cada una, 36,4 millones de pesos a cambio de la sustitución que hagan y del compromiso que adquieren de no resembrar ni relocalizar los cultivos prohibidos. Para la ejecución de dicha estrategia se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que se fijó como meta la sustitución de 50.000 hectáreas en un año, a partir de mayo del 2017.

En los primeros 8 meses únicamente lo hizo en 16.754 hectáreas, aunque la ONU solo certifica que tuvo lugar en 1.200. El incumplimiento, según las autoridades, obedece a que “las bandas y el Eln retrasan la erradicación voluntaria” (EL TIEMPO, 8 de febrero/2018).

Sin desconocer la incidencia de esa criminal oposición, debe anotarse que el Gobierno ha debido preverla, así como la manera de superarla. Conviene agregar que en el diseño y la ejecución de la citada estrategia también se han cometido serias equivocaciones. Tantas que a causa de esta pudieron incrementarse los cultivos. La canciller María Ángela Holguín sostuvo ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (Viena, marzo de 2017) que los beneficios ordenados para los pequeños cultivadores “aumentaron la siembra e involucraron más áreas con el fin de acceder a los recursos que el Estado se comprometió a otorgar a partir de la firma del acuerdo de paz”.

La más completa y mejor evaluación de lo anterior la hizo Daniel M. Rico, politólogo y candidato a doctorado en criminología y políticas públicas de la Universidad de Maryland, mediante un detallado estudio que el Gobierno conoce y en el cual estableció que, hasta el momento, el país ha gastado más de 3 billones de pesos, con resultados que resume así: 1) “En el 95 por ciento de las zonas priorizadas para sustituir coca, no había coca”. 2) “Las inversiones para sustituir coca se hacen en las veredas más cercanas a los cascos urbanos, donde no está la coca”. 3) “Hay baja coordinación de los programas de sustitución con los planes de erradicación forzosa”. 4) El incentivo de los 36 millones es perverso, porque “sembrar una hectárea de coca vale cerca de 6 millones, lo cual hace más rentable cultivar coca que no hacerlo”. 5) Con cargo a los presupuestos del programa no se han hecho “inversiones en bienes públicos rurales”. Por todo ello, sectores del Gobierno y estudiosos del tema consideran que la estrategia en curso es injusta, insostenible e ilegal.

Poco de lo anterior conoce el país. Tampoco lo ha debatido, aunque para todos, incluido el Gobierno, es claro que “mientras haya coca, la paz no es sostenible” (Rafael Pardo). Carece de valor, entonces, declarar que Arauca es tierra libre de coca, porque nunca ha sido región cocalera como Putumayo, Nariño, Cauca o el Catatumbo, para solo citar algunos ejemplos.

El asunto tiene serias repercusiones internacionales. En su reciente visita a Bogotá, el secretario de Estado norteamericano dijo que “el aumento rápido del cultivo de coca fue consecuencia, de alguna manera, de la paz que se realizó con las Farc”, declaración que explica la solicitud del presidente Trump: reducir la ayuda que Estados Unidos presta a Colombia.

JAIME CASTRO
jcastro@cable.net.co

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