“Si la gente protesta en las calles, algo estamos haciendo mal”: David Bojanini, saliente presidente del Grupo Sura.
Las justas marchas y movilizaciones, incluido el paro nacional, demandan ahora un cuidadoso e integral análisis de sus promotores. Considero que estas expresiones que protagonizan vastos sectores de trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas, colectivos de mujeres, víctimas del conflicto y otros están plenamente justificadas y entrañan profundas raíces de lucha por su consolidación y como parte del proceso de fortalecimiento democrático del país.
Pero también es cierto que la presencia en ellas de vándalos y encapuchados propician el caos y la violencia, al atacar el comercio, destruir la infraestructura en general y arremeter contra la Fuerza Pública y las personas. Este fenómeno se ha convertido en su mayor enemigo; además, son el referente que utilizan el Gobierno y los opositores a las marchas para tratar de deslegitimar sus objetivos.
Muchas personas que simpatizan con este ejercicio de protesta social e incluso se han movilizado entusiastas empiezan a preocuparse con el accionar violento de sujetos encapuchados o temen volver a las calles, pues les indigna pensar que terminarán compartiendo con tales desadaptados.
Considero que se requiere mayor firmeza de los organizadores del paro nacional, o de cualquier otro tipo de protesta, para lograr que los manifestantes rechacen con firmeza la presencia de estos sujetos, les hagan saber que no los representan y presionen su salida de dichas marchas.
Pero también hay que precisar que las movilizaciones ciudadanas, por muy pacíficas y organizadas que transcurran, no dejan de restringir los derechos de ciudadanos no participantes. Las limitaciones de la movilidad, el agite de banderas y pancartas, la verbalización de la rabia ante decisiones del Gobierno que causan enojo general, la toma de sitios claves y su apropiación por los marchantes para darle cuerpo a la protesta son realidades intrínsecas a los objetivos de un paro y, por tanto, no admiten limitaciones ni reglamentaciones que obstruyan el efecto buscado.
Los excesos que en sus actuaciones se atribuyen a los escuadrones móviles antidisturbios (Esmad) no pueden justificar las acciones violentas y anarquistas de sujetos encapuchados. Su presencia nos debe incitar al apoyo integral a los protocolos que impulsan algunos alcaldes para su utilización como fuerza de choque y para la prevención, en caso de presentarse disturbios más allá de los propósitos del paro o la protesta, como lo están proponiendo los mandatarios de las ciudades de Bogotá y Medellín.
Por eso, al alcalde Daniel Quintero se le debe apoyar en su política integral de convivencia, seguridad y paz, que busca potenciar la efectividad de los organismos de seguridad e inteligencia en la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones, al tiempo que se avanza en la consolidación de los planes de convivencia y paz locales, y en el reconocimiento de las organizaciones sociales comunitarias.
De allí la importancia de ofrecer respaldo al plan de trabajo del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio de Medellín (Conpaz), entendido como una iniciativa que exige la más amplia representación de todos los sectores, gremios e instituciones, para que se convierta en un escenario que pueda producir resultados concretos en todos los rincones de la capital antioqueña.
En síntesis, la política integral que Medellín viene promocionando se fundamenta en el impulso decidido de este proceso del Conpaz, de las mesas ambientales de las comunas, de los procesos democráticos de participación ciudadana, del apoyo a las víctimas del conflicto armado y de la lucha por esclarecer la verdad y la defensa de los derechos humanos. En esta tarea, de múltiples frentes sociales, debemos estar unidos todos los medellinenses y antioqueños, sin distinción alguna.
Nota: Ahora la extrema derecha nos sale con un comité antiparo que promociona la abolición del aborto, aun en los casos que autoriza la Corte Constitucional y otras iniciativas ya negadas por el Congreso y los ciudadanos. De allí que los verdaderos promotores del paro nacional no pueden perder la iniciativa.
Jaime A. Fajardo Landaeta
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