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Indolencia generalizada

Indolencia generalizada

La mentira y adulteración de la realidad son el pan de cada día, y la carta de presentación oficial.

23 de noviembre 2021 , 08:00 p. m.

Las valientes denuncias que están haciendo los representantes de la Iglesia católica en relación con el conflicto armado en el Chocó y zonas aledañas refleja ausencia de capacidad de las instituciones y del propio Gobierno para garantizar el control territorial en zonas que antes eran de dominio de las extintas Farc.

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El panorama que nos describen es terrible: ataques de distintos grupos armados a la población, desplazamientos masivos, asesinato de líderes sociales, corrupción en las Fuerzas Militares (connivencia de algunos de sus miembros con grupos criminales). Y lo más llamativo, la caracterización que hacen del Gobierno como victimario, porque no emprende acciones efectivas para que se detenga esta barbarie contra la población civil y para frenar la corrupción de funcionarios y militares en la región.

Bien miradas las cosas, el panorama es similar en otras zonas del país. Es el caso del Catatumbo, y de gran parte de la frontera con Venezuela, al igual que de regiones de Nariño, Cauca y parte del Pacífico. Entre tanto, Duque insiste en su pretensión de venderle otra imagen a Colombia y a la comunidad internacional. Una ficción que desdibuja la realidad que padecen estos territorios, para eludir la garantía que su gobierno debería ofrecer de plenas libertades democráticas y de respeto de los DD. HH., al igual que de la implementación cabal de los acuerdos de paz.

La mentira y la adulteración de la realidad son el pan de cada día, y la carta de presentación oficial. Para nadie es un secreto que la democracia en nuestro país atraviesa por su peor momento, crisis evidente en la incapacidad de sus instituciones de ofrecer garantías constitucionales para que muchas comunidades puedan ejercer sus derechos, para hacer efectiva la movilidad de las personas y el disfrute de una vida digna y plena en su propio hábitat.

A escasos meses de culminar su mandato, Duque no puede mostrar unos resultados cuantificables y tangibles de su gestión. Pero, irónicamente, le dio por presentar cada hecho de gobierno como algo "histórico", cuando de verdad estamos ante una carencia de legitimidad y un desorden institucional innegables.

La democracia en nuestro país atraviesa por su peor momento, crisis evidente en la incapacidad de sus instituciones de ofrecer garantías constitucionales.

Ante la creciente inseguridad citadina, los pobres niveles de convivencia ciudadana y de solución negociada de los conflictos, junto con la fracasada "paz con legalidad" (¿eso qué es?), nos salen con un proyecto de ley de "formalización de la seguridad y la convivencia", que pretende adoptar medidas para contrarrestar el desmadre del accionar delictivo.

Entonces vuelven y juegan el sambenito del aumento de penas –fórmula novedosa que históricamente ha demostrado su fracaso–, las sanciones por el uso de armas blancas o de fuego… Se trata de otro inútil "hecho histórico", que solo servirá para que la criminalidad se acomode a los nuevos escenarios, mientras la administración de justicia se ve atiborrada de procesos, y maniatada por un sistema penitenciario que desbordó las capacidades de los jueces para imponer el orden y la ley.

Nada se dice de la colcha de retazos llamada 'política criminal'. Tampoco de una política integral de seguridad que no se quede en el trajinado 'aumento de penas', en la tipificación de nuevos delitos o en la modificación reiterativa de unos códigos incumplidos, como incumplidas están muchas de las leyes que debían combatir el crimen organizado.

La reactivación económica es objeto de algarabía, pero lo cierto es que no genera empleo y su faceta informal está disparada. Además, no se adoptan medidas para que tal reactivación incida en mayores niveles de equidad; por el contrario, unos pocos privilegiados terminan como sus únicos beneficiarios.

Un país en el que el asesinato de sus líderes sociales y las reiteradas masacres tristemente se han convertido en paisaje porque no se garantiza la vida digna de sus habitantes no puede seguir avalando a gobernantes de comprobada ineptitud. Es hora de avanzar en una reflexión seria, para trazar las rutas que nos lleven por el sendero de la paz, la seguridad y la convivencia, que solo conseguiremos si nos preparamos para elegir a quienes de verdad nos garanticen que harán reales los sueños planteados en la Constitución y los hasta hoy incumplidos acuerdos de paz.

JAIME A. FAJARDO LANDAETA

(Lea todas las columnas de Jaime A. Fajardo Landaeta en EL TIEMPO, aquí)

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