Una propuesta para Duque

Una propuesta para Duque

Debería buscar acuerdos para abrirle paso a lo que en la doctrina se ha denominado lex pacificatoria

12 de junio 2019 , 07:00 p.m.

A fin de destrabar la situación actual, caracterizada por las sucesivas decisiones contrarias a las pretensiones del Presidente tanto en el Congreso como en la Corte, él debería buscar acuerdos para abrirle paso a lo que en la doctrina se ha denominado lex pacificatoria (Christine Bell. ‘Naturaleza y estatus legal de los Acuerdos de Paz’).

Es decir, la ley para la pacificación, idea que ensambla perfectamente en la posición de las partes en La Habana: una cosa es el fin del conflicto y otra, la construcción de paz. Es una normativa embrionaria, cuyos límites aún no son nítidos, pero que, en todo caso, significa una interacción entre la ley internacional (derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario principalmente) con la ley interna.

¿Cuál es la fuerza jurídica de un acuerdo de paz?

La precaria respuesta a esa cuestión, no solo en Colombia sino en el mundo, fue uno de aquellos problemas con los que tuvimos que lidiar. Una manifestación de esas dificultades provenía de la necesidad de darle estabilidad jurídica a lo pactado. Mientras aparecían fórmulas destinadas a darle asidero internacional al cuerpo del texto, una parte de la academia jurídica rechazó esos caminos.

La noción de un acuerdo de paz aparece entonces como una especie de ornitorrinco de muy difícil ubicación. No es un tratado internacional, pero tampoco un simple documento de intención.

Por otro lado, enfrentamos una cierta paradoja difícil de desatar: la aplicación de la ley nacional, cuando ella misma fue objeto de negociación.

La noción de un acuerdo de paz aparece entonces como una especie de ornitorrinco de muy difícil ubicación. No es un tratado internacional (la guerrilla no es parte), pero tampoco un simple documento de intención. Resuelve asuntos inmediatos dentro de la lógica casi contractual –determinadas prestaciones concretas–, pero a la vez es carta de navegación para desarrollos futuros, algunos de ellos constitucionales.

En el caso colombiano, se optó por un conjunto de medidas: desde el envío del Acuerdo a organismos internacionales, pasando por la calificación como acuerdo especial del artículo 3 común a los Acuerdos de Ginebra de algunos de los contenidos del Acuerdo, hasta convertir en norma constitucional un compromiso de estabilidad de lo acordado y la adopción de los elementos de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario como guía de aplicación.

Pero el hecho es que la naturaleza jurídica de un acuerdo de paz sigue en la penumbra.

No obstante, ha surgido la configuración de una lex pacificatoria que comienza, por fin, a perfilar esta nueva institución. El lector excusará el latinajo, pero se trata de moverse a un tercer estadio. Del derecho a la confrontación, pasando por el derecho dentro de ella, hasta lo que se denomina jus post bellum.

Como dice Bell, aunque apenas en ciernes, ya se observa una cierta configuración de sus contenidos, tal como se fue creando la ley comercial, mediante la acumulación de decisiones de los gremios de comerciantes (lex mercatoria).

Protección amplia de derechos humanos, desatar su carácter híbrido (una pata local; la otra, internacional), lo cual podría implicar cambios sobre la definición de las partes de los tratados internacionales, papel de los terceros y de los organismos internacionales, aceptación de un marco de gobernanza parcial y transicional, el entendimiento de que el jus post bellum es un proceso, de lo cual se deduce que la implementación implica perfeccionar, mediante acuerdos de detalle, los temas que requieren reglamentación adicional; en fin, permitir que el marco creado por el fin de conflicto tenga un tren de aterrizaje que permita sobrellevar las dificultades inevitables. Todo ello con la participación de todas las fuerzas políticas.

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