Por las cifras que maneja el sistema TransMilenio, pareciera que el problema de colados no tiene solución: más de 200.000 colados cada día, y hasta ahora, después de casi dos años, solo se han sancionado 6.223 infractores con comparendos económicos, es decir, apenas el 3 por ciento de los colados que se registran en un día normal. Esto sin contar el grave problema de las agresiones contra los funcionarios que intentan controlar este y otros problemas que afectan la convivencia y seguridad dentro del sistema.
Lo hecho hasta ahora para controlar este grave fenómeno ha tenido efectos limitados y, en algunos casos, contrarios. Por ejemplo, se ha tomado la decisión de poner barreras físicas, y aunque los diseñadores se esfuerzan por hacerlas estéticamente agradables y funcionales, terminan convirtiendo las estaciones en jaulas y las vías aledañas, en túneles inseguros. En algunos tramos de la Caracas se regresó a la vieja troncal, en la que predominaban el concreto, los hierros agresivos y un entorno inseguro.
Las puertas anticolados han sido dañadas, su reparación y mantenimiento son costosos y no existe sanción ejemplar contra quienes atentan y dañan estos dispositivos de seguridad y bienestar. En lo que atañe a los comparendos y cursos para infractores, ni los colados ni los demás usuarios del sistema consideran que esto va a disuadir ese comportamiento, y por ahora no se han visto los programas de cultura ciudadana.
Finalmente, las sanciones económicas previstas en el nuevo Código de Policía no se aplican a la mayoría de los colados. Si bien se les va a cobrar una multa cercana a los 200.000 pesos, los mecanismos para hacerla efectiva no garantizan que la mayoría de los infractores la vayan a pagar.
Con el nuevo código, si no pagan la multa, los colados van a ser reportados al ‘Boletín de responsables fiscales’ de la Contraloría General de la República, y se les cobrarán intereses. Si transcurridos noventa días no han pagado, se procederá al cobro coactivo. Además de esto, el “colado moroso” no podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas, ser nombrado o ascendido en cargo público, ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública, contratar o renovar contratos con cualquier entidad del Estado, obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de Comercio. Es decir, estas medidas son poco aplicables a las características socioeconómicas de los colados.
Frente a esta situación, y aunque parezca contradictorio, hay que hacer más de lo mismo y complementarlo con más policías en las estaciones, pero sin celular, y sancionar de manera ejemplar a los colados con la medida de protección por 12 horas (retención) que establece el nuevo Código de Policía (art .155), cuando el contraventor (colado) realice comportamientos “temerarios, actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros”.
Hay que anotar que por este comportamiento irregular van más de seis muertos y cientos de heridos; que el ciudadano que intenta colarse no solo pone en riesgo su vida y su integridad, sino las de los usuarios del sistema, en la medida en que los articulados tienen que frenar y pueden provocar lesiones en los pasajeros, o matar a otros usuarios, si se desvían de su camino por no atropellar a los ciudadanos irresponsables que intentan colarse.
Esta medida será muy efectiva para controlar el problema de colados y otros que afectan la seguridad y convivencia ciudadanas. Para esto, el Distrito debe construir o adecuar un sitio que garantice los DD. HH. de los contraventores adultos y menores, que se podría llamar ‘Centro de atención a contraventores’.
En esa línea, hay que aplicar el Código y la sentencia 720 del 2007 de la Corte Constitucional. ‘Zanahoria y autoridad’ son necesarias, y el alcalde Peñalosa lo sabe.
Hugo Acero Velásquez
