Seguridad: garrote y zanahoria

Seguridad: garrote y zanahoria

Hay que recurrir a acciones preventivas que contribuyan a reducir los problemas de violencia.

03 de enero 2019 , 06:41 p.m.

Cuando se habla sobre los retos que se tienen en materia de seguridad, se plantean la reducción de los cultivos ilícitos, la retoma, presencia y el desarrollo integral de los territorios dejados por las Farc, el enfrentamiento y la desarticulación de las distintas bandas criminales y del Eln, el posible diálogo con este grupo, la seguridad rural y urbana, la protección de los líderes y hasta un posible conflicto con Venezuela.

Por lo general, las soluciones de estos problemas se plantean desde la coerción, dejando de lado las acciones preventivas. Hoy, cuando los recursos son escasos y la coerción costosa, hay que recurrir a acciones preventivas de bajo costo y ejecución rápida que contribuyan a reducir los problemas de violencia y delincuencia.

Es el caso de la restricción del porte de armas de fuego, en el que ojalá, como lo plantea el presidente Iván Duque, la reglamentación de los permisos especiales apunte a limitar aún más el acceso de los ciudadanos a las armas. En este sentido, es pertinente que la reglamentación incluya la elaboración de perfiles sicológicos de quienes solicitan los permisos para saber si son aptos para portarlas, responsabilidades administrativas y legales claras de quienes van a expedir esos permisos y la eliminación de los permisos especiales concedidos con los decretos anteriores.

En este tema no basta con el decreto y la reglamentación, son necesarias acciones permanentes para hacer cumplir la restricción, atacar el comercio ilegal de armas, sancionar ejemplarmente a quienes las porten y entregar resultados periódicos y públicos.

Con el concurso de los ministerios de Justicia e Interior, el ICBF y alcaldes, hay que fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos, atender la violencia intrafamiliar y de género, a través de las comisarías de familia, y profesionalizar las inspecciones de policía para que, con la Policía, se profundice en la aplicación del Código de Policía.

Para aportar a la protección de los líderes comunitarios, como lo planteó el presidente Duque, hay que reducir, y en algunos casos eliminar, esquemas de seguridad de funcionarios y avanzar hacia congresistas, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios que de verdad no requieren este servicio, el cual se puede trasladar para la protección de los líderes amenazados.

A fin de salvar vidas, a nivel de las ciudades, es importante replicar el decreto 793 del 20 de 2018, expedido en Bogotá, el cual regula el funcionamiento y la operatividad de las ambulancias para que atiendan todo tipo de heridos y no solo de accidentes de tránsito, como sucede con un gran número de ellas. Con este decreto se reduce el tiempo de respuesta de atención a los heridos, y habría menos muertos.

Hay que promover la participación de los ciudadanos en materia de seguridad y convivencia. Está demostrado que una sociedad con altos niveles de organización comunitaria es menos susceptible de sufrir hechos de violencia y delincuencia, en la medida en que prevenga y resuelva estos problemas cuando se presenten, actuando colectivamente y en coordinación con las autoridades.

Para contribuir a reducir los lesionados y muertos, dos acciones: una, la prohibición del uso de la pólvora en manos de los ciudadanos y la promoción de los espectáculos pirotécnicos por profesionales. En Chile, donde rige esta medida, se presentaron menos de 5 quemados por pólvora en esta Navidad y en Colombia, 625.

La otra disposición tiene que ver con el uso del chaleco reflectivo con el número de la placa para motociclistas y parrilleros. Esto, además de coadyuvar a la reducción de lesionados y muertos, ayuda a la disminución del robo de motos y de otros hurtos en los cuales se utiliza este medio de transporte para cometerlos.

Estas y otras iniciativas contribuyen a reducir los niveles de violencia y delincuencia, en el marco de una política integral de seguridad que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza por el Estado.

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