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Recompensas: se busca vivo o...

Hay que insistir en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en Colombia.

DESTACADO: Hay que fortalecer la participación de los ciudadanos y de las comunidades y promover el deber ciudadano de denunciar, como lo hizo Antanas Mockus frente al terrorismo de las Farc a comienzos de este siglo.
Las recompensas, en el ámbito de la seguridad y la justicia, han estado presentes como un mecanismo más que busca ayudar a dar con los responsables de distintos delitos. En Colombia las recompensas se sustentan, entre otras normas, en el artículo 1.º del decreto legislativo 1199 de 1987, adoptado como legislación permanente por el artículo 1.º del decreto 2271 de 1991, normas que fueron demandadas ante la Corte Constitucional, que las declaró exequibles en la sentencia C-683 de 1996.
Desde los años 90, este mecanismo se ha utilizado para perseguir a las cabezas del narcotráfico, a finales del siglo pasado y comienzos del presente, en busca de los líderes de los grupos paramilitares y guerrilleros, y de manera recurrente, los distintos gobiernos nacionales y locales han ofrecido recompensas ante hechos delincuenciales de gran impacto social y donde, en principio, se desconocen los autores.
La recompensa también ha sido utilizada para proteger a los consumidores a través de la delación de conductas que atenten contra la libre competencia en el mercado, como los acuerdos anticompetitivos (Ley 1340 de 2009 y decreto 1523 de 2015). Son famosos los casos de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a los carteles de pañales, cuadernos, azúcar y papel higiénico.
En distintos momentos se han tenido resultados importantes a través de las recompensas, pero también, en algunos casos, se ha hecho una inadecuada utilización de este mecanismo cuando se generaliza y no existe el control adecuado. En 2002, el presidente Álvaro Uribe, en su estrategia en contra de las guerrillas, crea los “lunes de la recompensa”, que comienzan a hacerse efectivos a lo largo del país y cuyos dineros se entregaban a través de una ventanilla. Sin desconocer algunos buenos resultados producto de las recompensas, fueron muchas las denuncias de falsos señalamientos, por los cuales se pagó, no tuvieron los resultados esperados y donde la nación terminó demandada.
También hay que recordar la famosa directiva ministerial permanente n.º 29 de 2005 del Ministerio de Defensa, que pagaba recompensas por “captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”, que hoy tiene a muchos oficiales, soldados de las Fuerzas Militares y a la Nación respondiendo por los ‘falsos positivos’.
Las recompensas no se pueden constituir en la estrategia de seguridad, hay que orientarlas hacia objetivos claros y estratégicos, que en lo posible tengan desarrollos investigativos previos, deben ser un complemento a la labor de las autoridades de seguridad y justicia, y sobre lo que se haga con ellas y con los recursos deben existir un control estricto y rendición de cuentas sobre los resultados.
Hay que anotar que cuando se promovió el ‘se busca vivo o muerto’ en EE. UU., era porque casi no existía institucionalidad estatal fuerte de seguridad y justicia; se reconocía públicamente que las pocas instituciones existentes no eran capaces de investigar y poner a disposición de la justicia a los delincuentes y reducir la impunidad; no se confiaba, ni se promovía el deber ciudadano de denunciar y apoyar las autoridades; había miedo entre los ciudadanos y, además, había muchos ‘cazarrecompensas’ que estaban dispuestos a arriesgar su vida por los recursos ofrecidos. En la actualidad, estos no podrían ser los sustentos para promover las recompensas.

Hay que fortalecer la participación de los ciudadanos y de las comunidades y promover el deber ciudadano de denunciar, como lo hizo Antanas Mockus frente al terrorismo de las Farc

Hoy, como se está haciendo, hay que insistir en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, dotar de equipos, profesionalizar, estimular y ampliar el número de servidores públicos dedicados a la inteligencia y la investigación criminal, mejorar la coordinación y el trabajo en equipo permanente de las distintas instituciones; hay que fortalecer la participación de los ciudadanos y de las comunidades y promover el deber ciudadano de denunciar, como lo hizo Antanas Mockus frente al terrorismo de las Farc a comienzos de este siglo.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ
(Lea todas las columnas de Hugo Acero en EL TIEMPO aquí).
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