Las protestas, el Esmad y los violentos

Las protestas, el Esmad y los violentos

El Estado debe garantizar el derecho legítimo a la protesta y los ciudadanos, ejercerlo en paz.

19 de octubre 2019 , 11:32 p.m.

Frente a los hechos violentos que están protagonizando una minoría de encapuchados durante las marchas y protestas pacíficas que organizan distintos sectores sociales, así como algunos excesos de fuerza del Esmad, es necesario llamar la atención sobre cómo atender estos problemas en el marco del Estado de derecho.

Primero, reconocer que la Constitución garantiza el derecho que tienen todos los ciudadanos a la protesta, a la libre expresión, organización y a la huelga (artículos 20, 37, 38, 56 y 107), derechos que deben ser protegidos por las autoridades estatales.

Frente a la protesta pacífica, al Estado le corresponde facilitar la convocatoria, garantizar la seguridad de los participantes y de los demás ciudadanos, reorganizar la movilidad y sancionar a quienes realicen actos de violencia ilegítimos.

Segundo, también reconocer que la gran mayoría de los ciudadanos ejercen su derecho a la protesta de manera pacífica y que una minoría, en muchos casos no pertenecientes a los grupos que las convocan, se dedican a sabotearlas y a realizar actos violentos y vandálicos. Grupos irregulares que desde hace muchos años actúan en los centros urbanos, en especial en algunas universidades.

Desde los años 70, el Eln, el Epl, el M-19, y a comienzos de este siglo las Farc, a través de distintos grupos de milicias, han tenido presencia y accionar en los centros urbanos, donde con actos terroristas y de proselitismo político se han involucrado de manera violenta en la protesta social. Hoy persisten en algunos centros urbanos las milicias populares del Eln y rezagos del M-19 y de las Milicias Bolivarianas de las Farc, que se entremezclan con grupos de supuestos anarquistas que aparecen y desaparecen en las universidades públicas.

Ante este panorama, y como se han venido desarrollando las distintas protestas a nivel nacional e internacional, se puede asegurar que existe un alto riesgo de que una buena cantidad de protestas pacíficas vayan a terminar en hechos de violencia indiscriminada, que no la entienden quienes organizaron la protesta, las autoridades, y menos los ciudadanos en general. Cualquier manifestación, estos grupos, van a intentar utilizarla para sus fines. Pero además el riesgo podría ser mayor si se tiene en cuenta que estas estructuras pueden ser utilizadas por las disidencias, el Eln y ‘Márquez’ y demás delincuentes para cometer actos de terrorismo, como ya ha sucedido en el pasado, situación que solo se controla con el trabajo en equipo y permanente de las instituciones de inteligencia e investigación criminal.

Con respecto al Esmad, las autoridades tienen que reconocer que en algunas ocasiones se extralimita en el uso de la fuerza, frente a lo cual los organismos de control deben efectuar las respectivas investigaciones y sancionar si hay méritos para hacerlo. Por otro lado, la Policía, con el apoyo de los organismos de control, debe hacer esfuerzos importantes a fin de profundizar la profesionalización de este grupo, para que su labor se ejecute en el marco del Estado de derecho, es decir, respetando los derechos humanos. Hay que anotar que este tipo de grupos especializados en manejo de multitudes y manifestaciones existen en casi todos los países, y es necesario mantenerlos sobre la base de una profesionalización permanente.

Finalmente, hoy, en algunas unidades militares existen grupos antidisturbios, situación que el Gobierno y los organismos de control deben mirar con detenimiento porque los militares no son los indicados para desarrollar esa labor. Para eso está la Policía.

El Estado debe garantizar el derecho legítimo a la protesta y los ciudadanos, ejercerlo en paz. Unos y otros tienen que trabajar para que se garantice mayor libertad y democracia, se elimine el miedo a los violentos y se fortalezca la legitimidad de las instituciones del Estado.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

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