La pólvora, un desastre sin solución

Prevalece el cálculo político de los votos de los productores y comercializadores antes que la vida.

Hugo Acero Velásqueznoviembre 30 de 2017, 08:15 P.M.

A partir del primer día de diciembre comenzamos a contabilizar niños, niñas y algunos adultos quemados por el uso indebido de la pólvora. Esta situación se repite todos los años, sin que hasta ahora se haya hecho lo suficiente para solucionar el grave problema. Algunos pedimos la prohibición total; otros, el control de los alcaldes, y a la gran mayoría de ciudadanos les interesa muy poco el tema, como es el caso del Congreso de la República, que ha tenido la oportunidad de regularla solo para espectáculos pirotécnicos y no lo ha hecho; una actitud mezquina en la que prevalece el cálculo político de los votos de los productores y comercializadores antes que la vida y la integridad de las personas.

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En el Congreso han cursado varios proyectos de ley que buscaban prohibir la venta de pólvora a cualquier persona y regular su producción, distribución y comercialización solo para espectáculos pirotécnicos. Sin embargo, no obstante los esfuerzos de algunos buenos congresistas que los apoyaban, esta corporación no los aprobó y ha dejado que el problema de niños quemados se repita todos los diciembres.

Frente a esta inacción del Congreso, solo quedan los alcaldes, quienes, con base en la Ley 670 de 2001, pueden prohibir la pólvora en sus jurisdicciones. Pero seguramente la gran mayoría de mandatarios locales tampoco lo van a hacer y van a tener que contabilizar y atender a los lesionados y muertos por su irresponsabilidad. Muertos y quemados que, más que un problema de salud pública, son un problema de seguridad ciudadana; y los alcaldes al no prohibir la pólvora están incumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar la vida e integridad de sus ciudadanos.

Podrían los gobernadores y el propio Presidente, con base en la Constitución, prohibir la pólvora, por cuanto, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Seguramente, este diciembre los medios de comunicación transmitirán todos los días la ‘contabilidad siniestra’ de lesionados y muertos por el uso indebido de la pólvora. Ante este drama, se podría avanzar con realismo y voluntad política prohibiendo el uso de la pólvora por ciudadanos comunes y corrientes para el diciembre de 2018, con once meses de anticipación.

Es decir que en todo el territorio nacional solo se autorizarían espectáculos pirotécnicos realizados por expertos. Con esto, los productores de pólvora tendrían casi un año para que, con apoyo del Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y municipales, puedan profesionalizarse o cambiar de actividad productiva.

Frente a esta propuesta, estoy seguro, algunos alegarán el derecho al trabajo y algunos otros, el derecho al desarrollo personal y cultural “porque los colombianos celebramos con pólvora desde hace muchos años y es tradición desde los chinos”. Sin embargo, por encima de esos derechos están los derechos fundamentales a la vida e integridad de los niños y las niñas, sin los cuales no se pueden ejercer los demás derechos, o se pueden ejercer de manera limitada cuando se pierde la vista, las manos o cualquier parte del cuerpo. Ojalá avancemos por este camino.

Hoy solo nos queda trasladarles la responsabilidad a los padres de familia, como lo ha hecho el ICBF en el pasado, pero, por experiencia, se corre un gran riesgo: que los padres terminen ocultando a sus hijos quemados para que las autoridades no se los quiten, y un niño o niña lesionados, sin el tratamiento indicado, pueden terminar en peores condiciones de salud.

Podrían los gobernadores y el propio Presidente, con base en la Constitución, prohibir la pólvora, por cuanto, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, las órdenes del Presidente y de los gobernadores prevalecen sobre las de los alcaldes (artículo 296). Ojalá alguien tenga voluntad política de acabar con esta barbarie.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ