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La asistencia militar o militarización

La asistencia militar o militarización

El problema no es hacer uso o no de esta importante fuerza, sino saber contar con su asistencia.

14 de septiembre 2021 , 08:00 p. m.

Las Fuerzas Militares en Colombia, especialmente el Ejército, desde hace décadas han tenido presencia y operatividad en las calles de ciudades y municipios, realizando algunas labores propias de la Policía. Esta presencia y operatividad se ha dado históricamente por dos motivos.

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El primero, por la interpretación errónea del “orden público”, que lo equiparó a la confrontación armada que ha tenido el país desde hace 60 años y no al “orden de lo público” establecido en la Constitución, que diferencia claramente las funciones de la Policía y de las Fuerzas Militares en un Estado civilista.

El segundo, ante el bajo número de policías, los problemas apremiantes de inseguridad y la necesidad de solucionarlos, se ha recurrido a las Fuerzas Militares para apoyar las labores de seguridad en las calles. Esta situación la han promovido los gobiernos de derecha, centro e izquierda, inclusive la han financiado con equipos e instalaciones.

El problema no es hacer uso o no de esta importante fuerza, sino saber contar con su asistencia y apoyo en labores estratégicas en el marco de la Constitución y las leyes, y sin que la Policía y las autoridades civiles pierdan el control de la seguridad ciudadana en sus jurisdicciones.

Hay que reconocer que siempre han estado ahí, en las calles, a la vista de todos, independientemente de la ideología de los gobiernos de turno.

Históricamente, en Bogotá, las Fuerzas Militares, especialmente el Ejército, han realizado las siguientes actividades: operativos de control en las entradas y salidas de la ciudad, mediante la activación del ‘Plan candado’; seguridad en zonas rurales de distintas localidades, especialmente en Sumapaz; protección de instalaciones estratégicas que garantizan los suministros de agua, energía, gas, movilidad, telecomunicaciones; presencia y control en la ciudad-región para la conservación y protección de la estructura ecológica; acciones de socorro en medio de emergencias; patrullaje y control dentro de la ciudad, y labores de inteligencia para prevenir hechos de terrorismo. Hay que anotar que el Ejército, en Bogotá, tiene presencia en siete localidades con ocho batallones y los grupos Gaula y de Caballería.

Todo esto se ha sustentado en la Constitución anterior y la actual, en el anterior Código de Policía; en la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, “por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, que establece cómo las Fuerzas Militares pueden participar en los casos que excepcionalmente son autorizados por la Constitución y la ley.

Cuando se recurre al Ejército para fortalecer la seguridad de algunos territorios e instalaciones estratégicas, no faltan las críticas y el señalamiento de que se están militarizando las ciudades, pero hay que reconocer que siempre han estado ahí, en las calles, a la vista de todos, independientemente de la ideología de los gobiernos de turno. Cuando la situación de inseguridad no es fácil en la ciudad y en el país, no se puede dejar de lado el apoyo que las Fuerzas Militares pueden dar. Pero hay que hacerlo en los términos que establecen la Constitución y la ley.

Finalmente, hoy, cuando se plantea la reforma de la Policía, se presenta una buena oportunidad para discutir a fondo la asistencia militar y avanzar en el manejo civilista de la seguridad, donde las instituciones militares y la Policía no solo tengan claras funciones en materia de seguridad nacional y de seguridad ciudadana, sino que sobre el territorio las cumplan y no se confundan, como en algunos casos está sucediendo.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

(Lea todas las columnas de Hugo Acero Velásquez en EL TIEMPO, aquí)

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