Inseguridad y miedo

Inseguridad y miedo

Las autoridades deben realizar acciones que eviten el uso de la violencia por los particulares. 

11 de noviembre 2018 , 11:37 p.m.

Cada vez que se presentan hechos de la mal llamada ‘justicia por mano propia’, que son actos delincuenciales que deben ser juzgados y condenados con rigurosidad por la justicia, recuerdo la película ‘Canoa’, que tiene todos los ingredientes para analizar este tipo de comportamientos que algunos ciudadanos justifican.

‘Canoa’ se realizó con base en acontecimientos sucedidos en México en 1968 en San Miguel Canoa, donde cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla fueron asesinados luego de ser señalados por el cura párroco de “comunistas que querían matarlo y también se robarían a los niños inocentes”.

¿Cuáles son los ingredientes de este caso que explican los hechos de ‘justicia por mano propia’? Primero, era una comunidad sin ley cuyo presidente municipal era manipulado por el cura párroco, quien realmente gobernaba el pueblo; es decir, la autoridad de policía, aunque existía, no ejercía; de lo contrario no hubiera permitido que la gente reaccionara de esta manera.

Segundo, la comunidad de este municipio, influenciada por el cura, tenía miedo a los comunistas porque “acababan con la propiedad, el desarrollo y, además, se robaban los niños”; es decir, había sensación alta de inseguridad y casi nula confianza en las autoridades.

Tercero, algunos medios de comunicación contribuían a incrementar el miedo de los ciudadanos, pero las autoridades tampoco se esforzaron por desvirtuar los rumores y garantizar la seguridad de los trabajadores.

Estos componentes se repiten, con mayor o menor intensidad, en los hechos de la denominada ‘justicia por mano propia’. Basta recordar el asesinato reciente de un hombre en Ciudad Bolívar porque, supuestamente, realizaba actos delictivos y era venezolano. En esos días, en una ciudad de Ecuador, fueron asesinados y descuartizados por los ciudadanos tres jóvenes que habían sido señalados de intentar secuestrar niños. En estos dos casos, la capacidad de protección de las policías fue superada por la violencia y el número de ciudadanos que participaron.

Frente a estas acciones, que hoy pueden crecer con la influencia de las redes sociales, es necesario, primero, que existan juicio y condena ejemplar por homicidio para quienes sean detenidos y haya pruebas de que participaron en la mal llamada ‘justicia por mano propia’.

Segundo, las autoridades de seguridad y justicia, desde el Presidente hacia abajo, deben no solo rechazar este tipo de comportamientos, sino realizar acciones permanentes de autoridad y comunicación que eviten la discriminación, la xenofobia y el uso de la violencia por los particulares.

Tercero, los órganos de seguridad y justicia, nacionales y locales, deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos, reducir la percepción de inseguridad y ganar mayor confianza entre los ciudadanos, y la única forma es trabajando y entregando resultados públicos, de manera periódica y de cara a la gente.

Cuarto, hay que organizar a los ciudadanos no solo en materia de seguridad, sino en todos los ámbitos del desarrollo social. Es necesario más y mejor capital social. Una comunidad organizada y que trabaje con las autoridades no solo es más segura, sino que vigila que estas cumplan con su función y no terminen en actos de corrupción o no haciendo nada ante los hechos de violencia y delincuencia.

Quinto, más que una campaña coyuntural para intentar cambiar los comportamientos sociales sobre el uso de la violencia, es indispensable desarrollar verdaderos y sostenidos programas de cultura ciudadana que no correspondan a un esfuerzo de gobierno sino a un objetivo de nación.

Finalmente, es recomendable que los propios medios de comunicación hagan sus análisis sobre cómo están transmitiendo la información acerca de los actos de violencia y delincuencia y cuál es su responsabilidad en estas materias, y con base en ello definir su autorregulación.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

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