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Impunidad que incrementa la inseguridad

Impunidad que incrementa la inseguridad

Los delincuentes deben estar en las cárceles, pero el sistema de privación de la libertad colapsó.

11 de octubre 2021 , 08:00 p. m.

Cuando la inseguridad o la percepción de inseguridad aumentan se suele responsabilizar a la Policía, al Gobierno Nacional y, en algunos casos, a los alcaldes; y en medio de estos señalamientos, algunas autoridades aseguran que lo que existe es un serio problema en el proceso de “judicialización” de un buen número de delincuentes que no terminan privados de la libertad y siguen delinquiendo de manera impune.

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Por un lado, algunos consideran que los “policías los detienen y los jueces los sueltan”, ineficiencia judicial. Por otro lado, se afirma que las pruebas entregadas a los jueces por los investigadores de la Policía y la Fiscalía no son suficientes o técnicamente están mal recolectadas, mala calidad de la investigación criminal.

Detrás de esta discusión hay que reconocer que existe un grave problema de impunidad. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad, elaborado y publicado desde 2015 por la Fundación Universidad de las Américas, Puebla, Colombia en 2020 ocupó el lugar 49, con un indicador de 46,88, dentro de 69 países de todo el mundo analizados, siendo Eslovenia, Croacia, Grecia, Suecia, Noruega, Hungría, Rumania y Países Bajos los que tienen los índices más bajos de impunidad, por debajo de 30. Entre los catorce países de las Américas que reportaron información, Colombia ocupa el puesto sexto, después de Costa Rica, EE. UU., Bahamas, Panamá y Canadá.

En términos de cifras, en 2019, según estadísticas de la Fiscalía, se denunciaron 1’477.989 delitos y al menos siete de cada diez terminaron en archivo. De los 12.277 homicidios que se cometieron en ese año, solo 3.772 fueron esclarecidos, es decir, se conoce el posible homicida en el 30 % de los casos, aunque una buena parte de ellos todavía no han sido capturados.

Frente a este problema, la opinión favorable de los ciudadanos no solo ha disminuido hacia las instituciones de seguridad, sino también sobre las de justicia. De acuerdo con la encuesta de Invamer de agosto de 2021, el sistema judicial, que en el año 2005 tenía una opinión favorable del 46 %, fue disminuyendo hasta situarse en el 10 % este año, la Corte Constitucional pasó de 56 a 31 %; la Fiscalía, de 65 % en el 2000 a 22 %; y la Corte Suprema de Justicia, de 56 % en 2010 a 21 %; malos resultados donde ninguna institución responde ni nadie cuestiona.

Se conoce el posible homicida en el 30 % de los casos, aunque una buena parte de ellos todavía no han sido capturados.

Para reducir la impunidad no basta con endurecer las penas y hacer más expeditos los procesos de judicialización. Todos estamos de acuerdo en que los delincuentes deben estar en las cárceles, pero el sistema de privación de la libertad colapsó; mientras las cárceles nacionales limitaron el ingreso de internos y redujeron el hacinamiento al 17 %, en las estaciones de policía, URI y cárceles municipales el hacinamiento creció y hoy supera el 200 % y en algunos casos llega al 500 %. Son cerca de 25.000 privados de la libertad en las peores condiciones de violación de los derechos humanos y no existe hasta el momento un proyecto, ni voluntad política para solucionar esta problemática que reproduce, de manera eficiente, más violencia y delincuencia.

No basta con detener a los delincuentes, privarlos de la libertad, juzgarlos y condenarlos, hay que fortalecer toda la cadena de la comisión de los delitos, desde la denuncia, la investigación, la detención, el juicio, la sentencia, la prisión y la resocialización, para garantizar la aplicación adecuada de la justicia.

Respetando la independencia de poderes, se requiere también de un trabajo coordinado con las instituciones de la Rama Judicial, en especial con el Consejo Superior de la Judicatura, donde, como se ha hecho en algunas ciudades, los jueces pueden capacitar a los policías y fiscales en la recolección adecuada de las pruebas y los presidentes de los consejos seccionales pueden asistir a los consejos de seguridad para mejorar el trabajo interinstitucional frente al delito, con el fin de hacer más eficiente la aplicación de justicia y mejorar la seguridad ciudadana.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

(Lea todas las columnas de Hugo Acero Velásquez en EL TIEMPO, aquí)

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