Órdenes letales

Órdenes letales

La delgada línea entre incentivar a los soldados y forzarlos a combatir por bajas.

20 de mayo 2019 , 12:02 a.m.

¿Quería el Gobierno barrer bajo la alfombra señales de que estaba ambientándose un resurgimiento de los ‘falsos positivos’? Se lo pregunta cualquiera que lea el artículo de ‘The New York Times’ (NYT) titulado ‘Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales’, conclusión de un proceso investigativo que comenzó hace semanas y del que en palacio de Nariño tenían conocimiento.

Fruto de pesquisas amparadas en denuncias, declaraciones y documentos suministrados por oficiales activos (verificados por NYT), surgen los elementos de la tormenta perfecta: compromiso de oficiales para intensificar acciones, medición de los días en que las unidades no combaten, amonestaciones a comandantes que no entran en acción con “frecuencia suficiente”, carta blanca para alianzas con grupos criminales que den información e incentivos para soldados que contribuyan a las bajas. James Whitcomb Riley, una suerte de Rafael Pombo norteamericano, escribió: “Cuando veo un ave que anda como pato, nada como un pato y grazna como pato, lo llamo pato”.

Súmesele a esto la carta firmada por parlamentarios de Estados Unidos en que piden a Duque revisar con lupa nombramientos y ascensos de altos oficiales mencionados en casos de ‘falsos positivos’. Uno de ellos, el general Nicasio Martínez, comandante del Ejército. El viernes, Martínez comentó en improvisada rueda de prensa sobre DD. HH., que lidera una institución ambiciosa, con comandantes que se fijan sus límites: “Uno puede decir: yo quisiera tener 200 por ciento más de efectividad; ah, bueno, es su objetivo; si usted lo quiere hacer, hágalo, siempre y cuando dentro del marco de la ley”.

¿Objetivos o combates? Porque José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, reveló las presentaciones en PowerPoint que les presentan a los uniformados para evaluar y promover enfrentamientos. La presión por combatir se refleja en muertos y, además, en el aumento de soldados mutilados por minas, debido a que sus superiores, sí o sí, los sacan a campo abierto en afanosa búsqueda de resultados.

Los oficiales que hablaron con el NYT cuentan que a los soldados no se les exige perfección, “incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando”. Órdenes que se traducen en el debilitamiento de las normas que protegen a la población civil “y que han ocasionado muertes sospechosas e innecesarias”. Martínez reconoció que la certeza en objetivos militares se acepta hoy entre un 60 y 70 por ciento.

Mejor pensar que estamos en terrenos de la torpeza institucional y no de la alcahuetería criminal

¿Sabía el Gobierno todo esto? Jorge Mario Eastman estaba al tanto, como reconoció a ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio. En su momento, el entonces secretario general de Presidencia expresó su desconfianza a los periodistas de otro medio nacional que lo confrontaron con las denuncias. Amparado en cifras oficiales, Eastman dijo que se debía tener cuidado con fuentes interesadas en minar a ciertos oficiales, fruto de luchas de poder internas. La publicación se engavetó.

¿Tenía conocimiento el ministro de Defensa, Guillermo Botero? Botero pierde con cara y, en cambio, también con sello. Si sabía, debe responder por no haber investigado a fondo los hechos (su gran logro: dos débiles ruedas de prensa, horas antes de la publicación del NYT). Si no sabía, es un ministro al que los generales no le cuentan lo que hacen y mantienen recluido en la burbuja bogotana.

No se acusa al Gobierno de liderar una política de ‘falsos positivos’. Más bien, de mostrar indiferencia en prevenir la muerte de cientos de personas. Mejor pensar que estamos en terrenos de la torpeza institucional y no de la alcahuetería criminal.

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Grima. Triste que no se entienda: porque hay un Estado de derecho liberan a Santrich. Y por la misma razón lo recapturan.

GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA

Sal de la rutina

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