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Sin comprar lotería, la Justicia Especial para la Paz se ganó el premio gordo del hedor político.

En esa maldición criolla que es el año electoral, bien rentable es ubicar blancos fáciles y atacarlos para cosechar votos. Aun sin dinero de por medio, aquí el voto está amañado por nuestras pasiones más primarias. No votamos; lapidamos. Esta grotesca tradición se manifiesta ahora en ataques desproporcionados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con lo que pareciera que los colombianos estuviéramos condenados a repetir el ciclo macabro de declararle la guerra a la paz.
Experimentamos a diario los sinsabores de haber untado de política a las altas cortes, convertidas en escenarios mercantiles en donde las sentencias tienen listados de precios que harían palidecer a los del hoy exdirector de La Modelo. Aun así, vamos camino de repetir la historia con la JEP, que sin comprar lotería se ganó el premio gordo del hedor político.
Muchos aseguran que la JEP es un ejercicio de impunidad diseñado para premiar a los terroristas. Es cierto que no ha producido la primera sanción en un año, pero tiene abiertos media docena de casos de gran calado que involucran a 32.000 víctimas. Procesos en cuyo desarrollo están comprometidos tanto exguerrilleros como miembros de la Fuerza Pública, que no están metidos, como se cree, en el mismo talego: hay un tratamiento diferenciado para los uniformados, quienes pasan por una sala diferente a la que se ocupa de los miembros de las Farc.
A mediados de año deberán conocerse las primeras resoluciones de conclusión, que son la antesala para los juicios, porque no se trata de una justicia exprés (la Corte Penal Internacional tomó diez años en producir su primera sentencia). Cerca de 12.000 personas han suscrito acta de sometimiento: 9.687 son exguerrilleros y 1.938 vienen de las Fuerzas Armadas. Si no creyeran en la JEP, simplemente no se someterían a ella. Valdría la pena juzgar a la JEP después de conocer cómo juzga. No antes.

Pareciera que estuviéramos condenados a repetir el ciclo macabro de declararle la guerra a la paz

Como nos obsesiona el sitio que ocupe Colombia en el club de las naciones serias, entendamos que fuera hay consenso sobre las bondades de la JEP. Contrasta, eso sí, el entusiasmo de los europeos con la parquedad de Estados Unidos, quizás porque su agenda respecto a la implementación de los acuerdos de paz está centrada en el narcotráfico.
Aunque la corporación definiera nuevos términos para conocer pruebas contra Jesús Santrich, después del vergonzoso episodio de la carta embolatada, quizás los norteamericanos no enviarían más que un respetuoso saludo. Pero la JEP no puede responder a desidia con impunidad: positiva señal sería que esta semana aprobara un plazo adicional, so pena de alentar a quienes sostienen que sus magistrados tienen sesgos de izquierda y mano blanda con los exguerrilleros.
Los amos de la política golpean a la JEP como pera de boxeo, y nada grato es ver que el Gobierno la hace partícipe de una velada ‘operación tortuga’ a la paz. Duque le pide que imponga penas apropiadas a los miembros de las Farc, sabiendo que están establecidas en la ley, y es a ella, y no a reclamos efectistas, a la cual se tienen que ceñir los magistrados. Ni qué decir de la apatía que ha exhibido Ernesto Macías, presidente del Senado, en su deber de hacerle llegar a Palacio de Nariño la ley estatutaria de la JEP o del poco afán de Duque por recibirla y firmarla.
Habría que recordar palabras de la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, cuando dice que “tiene rango constitucional y debe ser respetada y acatada, especialmente por las autoridades”. Los calores del Sí y del No aún impiden que experimentemos la grata tibieza de los puntos medios, que son pecado capital en esta tierra de ardorosos extremos.
* * * *
Grima. Las dinámicas del idioma acuñan vocablos para los nuevos fenómenos. En boca del Presidente conocimos uno que debería avergonzarnos a todos: “matalíderes”.
GUSTAVO GÓMEZ CÓRDOBA
En Twitter: @gusgomez1701
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