Cada cuatro años nos encontramos con que unos pícaros han despojado de sus ahorros, otra vez, a miles de ciudadanos y empresas: DMG en el 2008, Interbolsa en el 2012 y Estraval y Élite en el 2016. Cada uno de estos casos es diferente. Pero han tenido una historia común: unos avivatos se aprovechan de la ingenuidad o la codicia de ahorradores y tesoreros, utilizando procedimientos que escapan al radar de las superintendencias hasta cuando la estafa ha adquirido proporciones masivas. Estos fraudes ocurren en todas las latitudes, pero no lo hacen con la frecuencia con que suceden acá en el trópico. Resulta indispensable dotar a nuestros supervisores de herramientas que les permitan advertirlos e intervenirlos en forma oportuna y que haya castigos ejemplares que tengan algún poder disuasivo.
Cuando en el 2008 estallaron los escándalos de DMG y otras ‘pirámides’, el presidente Uribe montó en cólera y destituyó al Superintendente Financiero. Pero DMG y compañía no eran empresas financieras y, por tanto, no estaban vigiladas por la Superintendencia Financiera, sino por la de Sociedades. Y esta solo tiene poderes para hacer una supervisión societaria de carácter muy general. Por ello, solo intervino cuando el Gobierno la autorizó mediante un decreto de emergencia (1) y pudo probar que DMG estaba haciendo “captaciones masivas e ilegales de dinero”.
Para entonces, DMG ya era un monstruo, con un complejo entramado de sociedades dedicadas a las ‘pirámides’ y al lavado de dinero, y con sucursales en Panamá, Venezuela y Ecuador. Y tenía gobernadores y congresistas en su nómina (2). Murcia y sus socios fueron finalmente condenados, pero los defraudados perdieron la mayor parte de los dineros que les confiaron.
Interbolsa era la empresa de bolsa más grande del país, vigilada por la Superintendencia Financiera. Pero esta solo pudo intervenirla en el 2012, cuando comenzó a tener problemas de liquidez e incumplió pagos. Resultó entonces que sus socios y asesores usaban un entramado de sociedades no vigiladas para cometer diversos tipos de fraude. Quedó claro desde entonces que la Superintendencia debe tener el poder de vigilar a todas las empresas de un conglomerado que posea empresas financieras. Hay un proyecto de ley al respecto que aún no ha sido aprobado. Urge hacerlo.
El fiscal Montealegre arrastró sus pies en el proceso investigativo y otorgó beneficios improcedentes a algunos implicados. Por fortuna, el fiscal Martínez acaba de revocarlos y ha anunciado que ahora, cuatro años después, la Fiscalía sí le pondrá acelerador al caso. Esperamos que así suceda.
Los casos de Estraval y Élite tienen su origen en una ley del 2014 que buscó, con buenas intenciones, un mayor acceso al crédito por parte de empleados, pignorando parte de sus salarios futuros a entidades no financieras y, por tanto, no vigiladas por la Superintendencia Financiera. Estas ‘libranzas’ han sido manejadas por los bancos por décadas sin mayores problemas. Pero al legislador del 2014 se le olvidó otorgarle poderes mínimos de vigilancia a la Superintendencia de Sociedades para evitar o intervenir oportunamente en casos de fraude. Y estos parecen haberse producido con rapidez a lo largo de toda la cadena (3). Solo cuando el problema explotó, el Gobierno sacó un decreto que da algunos poderes, aún insuficientes, a la Superintendencia.
Estos casos demuestran que es indispensable fortalecer las superintendencias y dotarlas de poderes más efectivos para advertir el inicio de nuevos fraudes e intervenir oportunamente. Expertos internacionales están proponiendo soluciones innovadoras a estos problemas, que serían eficaces sin exigir una carga regulatoria excesiva. El Gobierno y el Congreso deben estudiarlas y actuar con prontitud y decisión.
1. Decreto 4334, 17 de noviembre de 2008
2. ‘Semana’, noviembre de 2008
3. ‘Semana’, septiembre de 2016
GUILLERMO PERRY
