Los debates tributarios son siempre muy políticos, puesto que afectan los bolsillos de todos los ciudadanos. Por ello, en toda democracia es el Congreso el que impone los tributos, según el principio de que ‘no hay tributación sin representación’. Pero en un tema tan importante como este, el Congreso debe tomar en cuenta los aspectos técnicos del problema y hacer política con P mayúscula. Desafortunadamente, la tentación del populismo resulta demasiado grande para muchos parlamentarios.
En Colombia hay una larga tradición de que el Congreso responde a las urgencias de financiamiento del Estado aprobando reformas que aumentan recaudos. Tuve la ocasión de participar activamente en la reforma estructural de 1974/1975, así como en las de 1983, 1986 y 1995, y puedo dar fe de que en todas esas oportunidades el Congreso se comportó con un alto sentido de la responsabilidad. Es de esperar que haga lo mismo en esta ocasión, a pesar de algunas declaraciones recientes, puesto que es mucho lo que está en juego.
De no obtenerse un aumento de recaudo que reemplace buena parte de los cuantiosos ingresos fiscales que se perdieron con la caída de los precios del petróleo, habrá en los próximos años un desfinanciamiento grave de la salud y la educación básica. Las transferencias a los departamentos y municipios para estos fines se reducirán apreciablemente, puesto que, por ley, dependerán del promedio de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional en los cuatro años anteriores. Y no habrá inversión pública nacional adicional a las carreteras 4G, que por fortuna ya están financiadas con los recursos de la venta de Isagén y vigencias futuras.
Más aún, como no se puede despedir a funcionarios públicos, bajarles sus salarios o dejar de pagar pensiones, aumentarían el déficit fiscal y la deuda pública. Con ello el país perdería el grado de inversión, se frenaría la entrada de capitales y podríamos acabar en una recesión como aquella en la que cayó Brasil por razones parecidas.
Lo más complejo es que es necesario aumentar el recaudo a tiempo que se reduce la tarifa del impuesto a las empresas. El hecho de que la reforma del 2014 las elevó hasta el 43 por ciento, cuando el promedio en América Latina es 26 por ciento y en los países ricos, 33 por ciento, está ocasionando una reducción en la inversión en el país, mayor que la que de todas maneras habría ocurrido con la caída del precio de nuestras exportaciones.
Es por todo esto que no hay alternativa a frenar la evasión, incrementar las tasas del IVA y los impuestos a los combustibles y aumentar algo la tributación efectiva de las personas naturales. Incluyendo el gravamen a los dividendos, para que las personas de más altos ingresos pongan su parte.
No es, por tanto, buen momento para hacer populismo y demagogia con este tema. No tiene presentación que los partidos comprometidos con el proceso de paz le pongan trabas en la rueda al Gobierno en un asunto tan crítico. Pues, si se logran acordar modificaciones del Acuerdo con las Farc, sería gravísimo tener una crisis fiscal y económica en medio del posconflicto. Y si no, sería aún peor tener una crisis fiscal y económica en medio de la reintensificación del conflicto.
Hago por eso un cordial llamado a mi partido, el liberal, para que deje de flirtear con el populismo y esté a la altura del momento, como lo estuvo en 1974, 1986 y 1995. Y lo mismo a Cambio Radical, ‘la U’, el Partido Conservador y la izquierda que apoya el proceso de paz.
Como también al expresidente Uribe, quien enfrentó con seriedad la difícil coyuntura fiscal al principio de su primer gobierno y está reclamando, con razón, un compromiso con la regla fiscal si se convienen modificaciones del acuerdo de paz. Él sabe bien que sería imposible cumplir con la regla fiscal si no aumentan los recaudos.
GUILLERMO PERRY
