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La ley de desfinanciamiento

La ley de desfinanciamiento

La Ley de Financiamiento tiene cosas buenas pero pone en riesgo la sostenibilidad fiscal futura.

03 de noviembre 2018 , 11:34 p. m.

Los dos grandes retos económicos del gobierno Duque son garantizar que evitemos una crisis fiscal y recuperar una senda de crecimiento alto. El Gobierno presentó esta semana dos iniciativas cruciales para estos fines: el esperado proyecto de ley de financiamiento y su política de competitividad. En otra oportunidad me referiré en detalle a la segunda. Baste con decir por ahora que lo que escuchamos del Gobierno en el XXI Congreso de Competitividad suena promisorio. Es urgente que proceda con decisión, por cuanto en los últimos años hemos perdido varias posiciones en los ‘rankings’ mundiales en esta materia.

Por su parte, la ley de financiamiento presentada tiene cuatro objetivos expresos: cubrir el faltante de 14 billones de pesos del presupuesto del año 2019, asegurar la sostenibilidad fiscal futura, hacer más equitativo el régimen de impuestos y contribuir a la competitividad empresarial.

De ser aprobada, mejoraría la equidad tributaria, pues haría que las personas de ingresos altos contribuyan más en lo sucesivo (a través de un impuesto a la renta más progresivo, el restablecimiento del impuesto al patrimonio personal y el gravamen de productos hoy exentos del IVA), mientras que a las familias de ingresos bajos se les compensaría por el impacto de la eliminación de exenciones del IVA. Asimismo, contribuiría al crecimiento de la inversión al rebajar a 30 % la tasa nominal a las empresas, permitir el descuento del IVA pagado sobre bienes de capital y la deducción parcial del ICA y el gravamen a las transacciones financieras. Y estimularía la formalización de microempresas mediante un monotributo simplificado y mejorado.

Lo malo es que, si bien asegura recursos para cubrir el faltante presupuestal del 2019, no garantizaría la sostenibilidad fiscal futura, pues propone algo que se está volviendo una pésima costumbre: botar el problema para adelante en vez de resolverlo de una vez. En efecto, habría una fuerte disminución de recaudos futuros debido a la reducción gradual de la carga tributaria a las empresas y de la tasa general del IVA del 19 al 17 %, así como a una serie de nuevos beneficios tributarios de muy dudosa eficacia, lo que, supuestamente, se compensaría mediante ingresos billonarios por normalización de patrimonios ocultos y un mayor control de la evasión. Y eso al tiempo que, en una flagrante contradicción de propósitos, se echaría por la borda el instrumento más eficaz que hemos tenido para ponerle piso a la evasión: el régimen de renta presuntiva mínima. Estos ingresos compensatorios lucen muy inciertos, por no decir que utópicos.

En otras palabras, el Gobierno propone jugarnos la sostenibilidad fiscal del país del 2020 en adelante a una especie de apuesta de casino. Si la bolita de la ruleta cae en la casilla negra, el tesoro nacional saldría del establecimiento con más plata de la que entró. Pero si cae en la roja, quedaría con los bolsillos vacíos y sin tener con qué pagar las deudas ya contraídas. No parece muy responsable jugar así con la estabilidad macroeconómica del país.

No conozco analista o empresario alguno que comprenda la lógica de bajar la tasa general del IVA en medio de un panorama fiscal tan difícil, y justo cuando el consumo de los hogares se ha repuesto y su dinamismo está impulsando la evidente recuperación de la actividad económica. Parece estar de por medio la preocupación política, expresada por el presidente eterno y otros congresistas, ante el notorio impacto sobre precios que tendría gravar de un totazo al 19 % productos antes exentos.

Para atender esta inquietud legítima, parecería más sensato gravarlos inicialmente a una tasa intermedia (por ejemplo, del 12 %), en lugar de bajar permanentemente la tasa general del IVA, que tanto esfuerzo costó subir. De lo contrario, se corre el riesgo de que este proyecto se conozca en el futuro como la ley de desfinanciamiento.

GUILLERMO PERRY

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