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Elecciones y corrupción

La Misión Electoral hizo recomendaciones que deben aplicarse pronto; otras requieren más estudio.

Guillermo Perry
El Informe de la Misión Electoral presenta un diagnóstico excelente de los graves problemas que aquejan a nuestro proceso electoral y un conjunto de propuestas integradas que apuntan a resolverlos. Entre ellas hay unas obvias y urgentes. Otras son susceptibles de mejoras y unas cuantas, aun cuando tienen méritos, requieren estudios adicionales para decidir sobre su conveniencia e implementación.

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Las más urgentes son las que buscan acabar con el ‘tapen, tapen’ que caracteriza al actual Consejo Nacional Electoral. Aunque tiene todas las facultades para investigar y sancionar conductas dolosas de los partidos y las campañas, como la frecuente violación de los topes presupuestales y el recibo de donaciones no registradas, su conformación (con representantes de los partidos) garantiza que jamás las usará. La Misión propone reemplazarlo por un nuevo Consejo. Lo fundamental es cómo se nombran sus magistrados y que dispongan de recursos humanos, tecnológicos y presupuestales suficientes para cumplir sus tareas.
La Misión propone que los escoja el propio Consejo* de ternas presentadas por las cortes, el Consejo de Estado y el Presidente. Esta fórmula le daría más autonomía, pero podría conducir a una mayor politización de las cortes, como ha sucedido con el proceso de ternas para elegir magistrados, Fiscal, Contralor y Procurador. Lo ideal sería que las ternas fueran presentadas por las mejores facultades de Derecho del país, según ‘rankings’ nacionales o internacionales.
El Consejo debe, además, disponer de una unidad como la Uiaf (unidad que investiga el lavado de dólares) para poder detectar, y por tanto sancionar, violaciones de las normas de financiamiento de los partidos y campañas. Y las cuentas de estos (quién aporta y cuánto y en qué se gasta) deberían aparecer en tiempo real en la web a disposición de todos los electores.
El segundo tema urgente se refiere al alto costo y la financiación de las campañas. La Misión propone que el Estado exija y ofrezca espacios en medios y el transporte el día de elecciones y que se aumenten los anticipos. Sería también deseable acortar la duración de las campañas y prohibir que quienes aporten puedan contratar con el Estado en la jurisdicción respectiva.
Otra propuesta importante de la Misión se refiere a la adopción de listas cerradas. El voto preferente debilita mucho el poder de los partidos y encarece enormemente las campañas, pues los candidatos compiten más con los miembros de su lista que con los adversarios políticos. Además, conduce a que cada candidato tenga ‘dueños’: quienes los financian. Sin embargo, la lista cerrada funcionaría bien solo en circunscripciones electorales grandes, en las que caben varios candidatos con posibilidades en las listas.
La Misión propone mantener la circunscripción nacional para el Senado, por las mismas razones que adujo la Constituyente del 91: para que se justifique tener dos cámaras, que en una de ellas primen los intereses nacionales sobre los regionales y que las minorías políticas con presencia nacional puedan llegar al Senado. Quizás convenga también subir el umbral para estimular coaliciones y que no haya exceso de partidos inscritos.
En cuanto a la Cámara, propone ampliar el número de representantes y elegir una parte en circunscripción uninominal, en distritos electorales pequeños. Aunque hay argumentos a favor de esta propuesta, sin duda conllevaría altos riesgos de captura y corrupción y sería muy compleja de implementar. Requiere mucho más estudio para decidir si es conveniente y para poder llevarla a la práctica.
Hay otros temas menos importantes o urgentes, que no alcanzo a discutir en este espacio.
* El primero tendría un procedimiento especial.
GUILLERMO PERRY
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Guillermo Perry
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