Medellín y la cuarta revolución industrial

Medellín y la cuarta revolución industrial

La capital antioqueña invierte en ciencia, tecnología e innovación el 2,4 % de su PIB.

23 de mayo 2019 , 07:00 p.m.

El Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Medellín, financiado por el Foro Económico Mundial (FEM) con 3 millones de dólares en los primeros tres años del acuerdo entre esta institución y la ciudad, pone a la capital de Antioquia en el mapa de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), específicamente, en inteligencia artificial, internet de las cosas y ‘blockchain’

Sin embargo, Medellín no se encontró esta elección en una rifa. Quienes solo observan la ciudad desde el ángulo de la crítica, probablemente no han percibido que invierte en CTI el 2,4 del PIB medellinense, una suma apreciable. Si Colombia, en vez del 0,24 por ciento del PIB, invirtiera el 2,4 por ciento, estaría entre los primeros países del mundo en el ranquin de CTI.

Ruta N ha sido el organismo municipal, creado por la Alcaldía, UNE y EPM, que desde 2009 se ha encargado de canalizar la inversión hacia diversos proyectos de energía, salud y TIC para el apalancamiento del desarrollo de emprendimientos y negocios. En 2012 se aprobó un acuerdo municipal que aprobó transferir a Ruta N “el 7 por ciento de los excedentes ordinarios de EPM, lo que equivale a 417.000 millones de pesos entre 2013 y 2021”.

No está nada mal que con recursos públicos se promuevan empresas y negocios privados, pero el Estado, en este caso el municipio, debe demandar compromisos que promuevan la participación sobre el valor generado como cocreador de este y tomador de riesgos, como plantea Mariana Mazzucato en su libro El valor de las cosas.

Medellín se convertirá en un laboratorio de exploración de las políticas públicas y los marcos regulatorios que se adecúen a las aplicaciones derivadas en las TIC.

En los procesos de CTI solo se reconocen los éxitos, pero no los fracasos; por esa razón, en general, el sector privado requiere ser auxiliado por el Estado para correr los riesgos de invertir en CTI, pero, igualmente, la ciudadanía espera que parte de ese valor le sea devuelto a la sociedad. Por ejemplo, internet no fue creado por el sector privado, sino por Darpa (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa), una entidad del Gobierno de los EE. UU., financiada con recursos públicos, así como el GPS, la pantalla táctil, etc. El Estado es cocreador de valor, y no destructor de valor como suponen algunos libertarios desubicados.

En este sentido, no se trata solo de crear ‘unicornios’, empresas cuyo valor de capitalización sea superior a 1.000 millones de dólares en pocos años, haciendo prevalecer los intereses de corto plazo de los empresarios sobre el interés social.

Este tipo de empresas solo se justifican socialmente si respetan los marcos regulatorios laborales, de tal manera que los ingresos pagados a sus trabajadores incluyan los pagos al sistema de seguridad social, como salud, pensiones, cesantías, etc., porque lo más fácil para estas empresas es descargar los costos sobre la sociedad, con la alta contaminación de las motos, congestión vehicular, accidentes y muertes de sus trabajadores y de terceros afectados, mientras salen a los ‘shows’ mediáticos sacando pecho por los puestos de trabajo que han creado, pero sin advertir que sus ‘unicornios’ se nutren de la precariedad laboral de los trabajadores. Hay que crear riqueza, pero también repartirla, sin pretender que están haciendo una obra de caridad, similar a la que hacían los plantadores con sus esclavos al darles de comer y de beber, y que es suficiente.

Medellín se convertirá en un laboratorio de exploración de las políticas públicas y los marcos regulatorios que se adecúen a las aplicaciones derivadas en las TIC, como Uber, por ejemplo, de la que a su vez se derivó Rappi. Sin embargo, ambas innovaciones enfrentan marcos regulatorios no siempre favorables para operar.

En este sentido, las declaraciones del director del Centro en Medellín, Agostinho João Almeida, adquieren todo su significado, pues se trata también, como objetivo, de “crear las condiciones para que estos avances (…) se puedan implementar en la ciudad, el país y el mundo. ¿Y cómo se hará? A través del estudio de normas, políticas públicas, temas regulatorios, para entender cuáles son las barreras, qué riesgos hay, cómo evitamos la sobrerregulación”, a fin de aprovechar las oportunidades y la necesidad de introducir cambios, de tal manera que las TIC puedan operar, como en el caso de transporte con drones, producción de órganos con impresoras 3D, etc.

El Centro es bienvenido a Medellín, sin embargo, hay que tener en cuenta que el FEM es un operador internacional de las políticas que representan los intereses de la élite mundial, entre ellas, el cambio tecnológico de las TIC, que de por sí no es malo, pero que sí debe ser contenido en un marco regulatorio adecuado para que no tenga consecuencias sociales y políticas de largo plazo desastrosas para la sociedad en su conjunto mientras solo se maximizan los beneficios privados.

Por último, para que las TIC puedan desplegar todo su potencial, se requiere que la mayoría de la población tenga acceso a internet. En Colombia, solo lo tiene el 50 por ciento.

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