Objeciones convenientes

Objeciones convenientes

Han sido el resultado de un riguroso análisis sobre la forma que debe tener la justicia transicional

01 de abril 2019 , 07:00 p.m.

Estamos en un momento trascendental en la construcción de la justicia transicional en Colombia. Por ello, a pesar de presiones y posibles costos políticos, el Presidente de la República decidió convocar al Congreso para revisar la inconveniencia –ojo: no la constitucionalidad– de 6 de los 159 artículos del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El Presidente, en uso de facultades constitucionales, decidió así, de manera franca, sugerir ciertos ajustes a la jurisdicción. Estas objeciones obedecen a una idea fundamental del Gobierno: hacer debates racionales y abiertos sobre lo que es mejor para el país. Las objeciones, así mismo, han sido el resultado de un riguroso análisis sobre la forma que debe tener la justicia transicional. La postura del jefe de Estado no es sorpresiva: es coherente y respetuosa de la Constitución y del principio de división de poderes.

Juzgar estas objeciones como rebuscadas es evadir debates fundamentales para el futuro, y desoír el anhelo de millones de colombianos que aspiran a que sus instituciones sean cada día mejores.


Para el Gobierno Nacional es conveniente que se establezca con absoluta claridad que las víctimas deberán ser indemnizadas principalmente con recursos de los victimarios, haciéndolo el Estado únicamente de forma subsidiaria; que el alto comisionado para la Paz pueda participar en la verificación de los aspirantes a ser juzgados por la JEP, que durante el tiempo que tome el traslado del proceso de la justicia ordinaria a la JEP no se interrumpan las investigaciones que haya adelantado la Fiscalía General de la Nación, que se exija que todos los delitos de lesa humanidad sean investigados y que el trámite de extradición no menoscabe la cooperación judicial con otros países.

Estas no son objeciones sobre la constitucionalidad de la ley. Son objeciones sobre su conveniencia y sobre las consecuencias económicas para las víctimas y para el Estado, sobre la claridad y la eficacia de la política criminal, y también sobre la forma como deben conducirse las relaciones entre países en materia judicial.

Son, por supuesto, objeciones equilibradas, que responden a preocupaciones que el Presidente y los funcionarios de su gobierno compartimos con la mayoría de los ciudadanos. Juzgar estas objeciones como rebuscadas es evadir debates fundamentales para el futuro, y desoír el anhelo de millones de colombianos que aspiran a que sus instituciones sean cada día mejores.

El debate que se plantea, y que debe darse constructivamente en el Congreso, es de conveniencia, sobre lo que es mejor y más deseable para el país.

Colombia ha demostrado fortaleza institucional y ha tenido enriquecedoras discusiones entre las distintas fuerzas políticas. No demos espacio a la desconfianza: gran parte de la ley no ha sido objetada y será parte del ordenamiento jurídico. El Gobierno busca que seis disposiciones de la ley sean revisadas, procurando siempre lo que sea más conveniente para las víctimas y para la justicia transicional que requiere el país.

La JEP no dejará de funcionar mientras se deciden estas legítimas y oportunas objeciones, y estoy segura de que saldrá fortalecida luego de un sano y equilibrado debate en el Congreso. Como ha dicho el Presidente: “La administración de justicia en la JEP, producto de los acuerdos, es necesaria en este esfuerzo histórico e insoslayable de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición”.

Las objeciones del Presidente, entonces, les convienen al país, a las víctimas y a la JEP.

* Ministra de Justicia y del Derecho

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