Rápidos y furiosos

Rápidos y furiosos

Tenemos que repensar toda la institución de la Policía Nacional en el marco constitucional.

27 de septiembre 2020 , 01:23 a. m.

El domingo pasado, dos horas después de publicado mi artículo en defensa de la Policía Nacional y precisamente criticando los proyectos de reforma que al calor de las protestas ya se anunciaban desde diferentes esquinas, recibí una carta aparentemente firmada por 92 exgenerales de la institución a la que no pertenecen muchos otros de gran reconocimiento y prestigio, como el general Serrano.

Tras leerla, lo primero que se me ocurrió fue que habían equivocado el destinatario. La carta parecía dirigida al exgeneral Óscar Naranjo, con quien, a todas luces, no simpatizan. No sé si por su participación en las negociaciones de La Habana, o por su ‘prematura’ llegada a la comandancia de la Policía o por su designación como vicepresidente de la República o, incluso, por la serie de televisión. Me inclino por pensar que por todas ellas. Pero nada de fondo, en la calenturienta misiva, sobre la institución que demanda este nuevo país. Difícil avanzar así, en medio de los odios y los conflictos personales.

El Gobierno no debería rehuir este debate y presentar un proyecto de ley que responda a los grandes desafíos de la Policía Nacional. Pues, como en el fútbol, el que no hace los goles los ve hacer, y en Colombia el Congreso suele reaccionar rápido a los temas de moda y que preocupan a la opinión pública.

Para animar el debate, me pregunto: ¿cómo perder de vista que la percepción de inseguridad llegó al 88 % negativa y tan solo un 9 % positiva? No será porque todo va muy bien en esta materia, como parecen sugerir mis críticos exgenerales.

Muchas cosas me preocupan de la situación actual: los procesos de incorporación, la falta de requisitos, los criterios de selección. La Policía solo debería recibir en sus filas a los mejores jóvenes, a los que obtengan los mayores puntajes en los procesos de selección, a los que muestren habilidades, capacidades y formación en valores y vocación de servicio. No más incorporaciones masivas y a la carrera. La Policía no puede convertirse en un reformatorio.

Como no se escogen personas con mística y compromiso, se presenta el segundo problema de extrema gravedad, que es la altísima rotación. En virtud de la decisión del Consejo de Estado, 17.000 policías se retiraron el año pasado. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cuál el costo en recursos humanos y económicos de esta rotación? Esto podría corregirse con atractivos planes de carrera y de formación.

También hay que repensar con urgencia toda la escala salarial, de beneficios y bienestar. Un agente gana 1’500.000 pesos. Después de pagar la vivienda, el transporte y la alimentación no le queda ni para mandar algo a su casa. Igual pasa con un teniente o un capitán, con poco más de dos millones, menos los descuentos de ley, inferior a un supervisor de compañía de vigilancia privada. Incorporarse y pensar en hacer una vida en la Policía debe ser una aspiración de nuestros mejores jóvenes, pero estamos lejos de esa posibilidad.

Hay que poner atención también a todas las funciones que se han asignado a la Policía. Tránsito, carreteras, judicial, estupefacientes, puertos, aduanas, contraguerrilla, orden público, fronteras, turismo, servicio diplomático, escoltas e infancia, entre muchas otras. Y en medio de todas estas responsabilidades, ¿dónde queda la seguridad ciudadana?

Tienen razón quienes señalan que las reformas deben enfocarse primariamente en el recurso humano, su formación y desarrollo. Pero eso no basta. Tenemos que repensar toda la institución en el marco constitucional, de sus relacionamientos, por ejemplo, con alcaldes y gobernadores y de su modernización.

Un llamado final: dije que hay que pensar en los jóvenes, que son el futuro de la Policía, pero también hacerlo con los mayores, con los generales, activos y retirados. Se le está haciendo tarde al Gobierno para poner orden entre los tres grupos que se disputan con lujo de deslealtad el control de la Policía. ¿O cómo es posible que el inspector general increpe públicamente al director y no pase nada? Igual ocurre en las Fuerzas Militares. A ese lamentable espectáculo de juego de poderes, el Gobierno tiene que ponerle fin y hacerlo ya.

GERMÁN VARGAS LLERAS

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