Grandes expectativas generó el llamado proyecto 10K del Mincomunicaciones, con el cual se pretendía llevar internet a 14.000 colegios. Las economías de escala sugerían que se adjudicara a una sola empresa, pero la ministra se empeñó en dividirlo en dos regiones y adjudicarlo a dos firmas distintas.
Tras el fracaso de una primera convocatoria vino una segunda, a la cual se presentaron 10 firmas. La audiencia fue suspendida repentinamente, y todo el proceso estuvo rodeado de escándalos denunciados inicialmente por la emisora La W. Se estableció, por ejemplo, que uno de los principales asesores de la ministra era socio de una de las firmas proponentes. Finalmente se adjudicó la megalicitación por 2,2 billones de pesos a las firmas Comcel y al consorcio Centros Poblados, con el compromiso de poner en servicio un primer grupo de instalaciones en abril de 2021.
Se acordaron importantes anticipos por valor de 60.000 y 70.000 millones, los cuales se desembolsaron, a Comcel 48.000 y al consorcio Centros Poblados, inexplicablemente, la totalidad de este, recursos que salieron del patrimonio autónomo y se giraron a terceros.
Pero ¿quién es el consorcio Centros Poblados? Muy difícil saberlo en medio de este entramado de sociedades anónimas. Uno de los socios es Ingenieros S. A. S., que construye carreteras, otro es un fabricante de muebles, otro construye edificios. Ninguno tiene la más mínima experiencia, a no ser por la controvertida firma ICM. ¿Por qué se adjudicó a la firma con la menor experiencia, entre otras que participaron como ETB, BT Latam, Hughes, Entel, Eléctricas de Medellín, NET Colombia o Hispasat?
No sorprende, entonces, que Centros Poblados se encuentre en causal de incumplimiento. Cuando se la requirió se evidenció que la póliza bancaria aportada era falsa, requetechimba. El Banco Itaú negó haberla expedido y procedió a adelantar la denuncia. ¿Por qué al Ministerio, que cuenta con una subdirección de gestión contractual, ni siquiera se le ocurrió verificar su autenticidad? Esto no se lo cree nadie.
Además, el Ministerio tenía subcontratada a la firma SES Colombia solo para verificar la suficiencia de las garantías otorgadas, y tampoco advirtió nada. ¿Qué hizo entonces esta firma? ¿Y el interventor del contrato? Tres ‘filtros’ se burlaron. ¿Corruptos o incompetentes?
El Ministerio, finalmente, decretó la caducidad del contrato el 18 de julio. No tenía de otra. Diez días tiene el abogado del consorcio, Pino Richi –no podía ser otro–, para interponer recursos ante los cuales no cabe nada distinto a que el Ministerio se mantenga en la caducidad y desestime los argumentos ya presentados, que básicamente sostienen que el contrato era atípico y que por la tanto no era sujeto de la acción de caducidad y que existe una prejudicialidad que obligaría a detener toda la actuación hasta que se produzca un fallo definitivo en lo penal, originado en el tema de la póliza falsa.
Pero este capítulo no se cierra con la caducidad del contrato. ¿Quién va a responder por los 70.000 millones girados del anticipo? ¿Quién nos va a representar frente a la segura demanda que sobrevendrá? ¿No será el mismo Ministerio? ¿Quién va a reponer el tiempo perdido y los perjuicios causados en todos los departamentos, por cierto los más vulnerables, como Chocó, Nariño, Putumayo y Cauca, entre otros?
Pero, advertidas como estaban desde la adjudicación del contrato, la palabra la tienen ahora la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Ojalá pronto nos den luces sobre la transparencia en la adjudicación, el incumplimiento del contrato, la falsedad de la garantía bancaria, el destino de los anticipos y cómo se van a recuperar, pero sobre todo la identidad de los verdaderos dueños de estas empresas y del cerebro que, tras bambalinas, urdió todo esto.
Se suman a este protuberante descalabro aquellos también controvertidos de la subasta del espectro que ganó WOM, el no menor de la licitación del dominio.com, sobre los cuales se encontraron hallazgos disciplinarios, y ahora uno nuevo, con la designación del gerente de Telecaribe.
Pero todos tan contentos, pues ya vienen la piñata de la adjudicación de las emisoras del espectro y la asignación gratuita de 85.000 millones a los medios que aplicaron a estos graciosos beneficios.
GERMÁN VARGAS LLERAS
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